Según residentes de la zona, la versión oficial del homicidio de los dos sacerdotes en Veracruz, México, es una “cortina de humo” para esconder la verdad sobre el crimen organizado rampante en el estado, y el más reciente ejemplo de la alta falta de credibilidad del pueblo mexicano en el gobierno.
Alejo Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Juárez de la Cruz fueron secuestrados la noche del 18 de septiembre, poco después de haber celebrado misa a las 6:30 p.m. en la ciudad de Poza Rica en Veracruz. Los cuerpos de los sacerdotes fueron encontrados acribillados en una zona cercana conocida como “Curva del Diablo”.
Fiscales de Veracruz dijeron el 20 de septiembre que los atacantes eran conocidos de los sacerdotes y que habían estado bebiendo juntos antes de que la situación se tornara violenta, reportó AP. Posteriormente, los atacantes presuntamente robaron dinero de las donaciones a la iglesia, así como algunos vehículos, y raptaron y asesinaron a los sacerdotes, para luego deshacerse de sus cuerpos.
El arzobispo Hipólito Reyes Larios corroboró la versión de los hechos por parte del gobierno, diciendo que, al parecer, los atacantes conocían a los sacerdotes, reportó La Jornada.
Pero los residentes de la zona se muestran profundamente escépticos y sospechan que los asesinos estaban relacionados con el crimen organizado y la violencia que aflige a Poza Rica. Uno de los feligreses entrevistados por AP dijo que la versión entregada por los fiscales sobre lo sucedido es una “mentira” y un “cubrimiento”. Otros residentes creen que el gobierno está eludiendo la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos de los grupos criminales, según La Jornada.
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Por su parte, el vicario José Alberto Guerrero le dijo a Milenio que los sacerdotes no habían recibido amenazas de grupos criminales, pero admitió que Poza Rica es un lugar “peligroso” y que los sacerdotes de la diócesis habían recibido llamadas extorsivas.
El Papa Francisco condenó los asesinatos y expresó su tristeza por la “violencia inexcusable”.
Análisis de InSight Crime
Aunque el motivo de los asesinatos aún no se ha confirmado, la sospecha y el desdén expresados por la población local con respecto a la versión de los hechos por parte del gobierno son bastante reveladores. Una serie de escándalos de alto perfil marcados por la corrupción y la incompetencia burocrática han erosionado la confianza de la ciudadanía en las autoridades.
Cuando el capo narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán escapó de una prisión de máxima seguridad por segunda vez en julio de 2015, los escépticos no dudaron en rechazar la versión del gobierno según la cual el capo habría escapado en una motocicleta que fue adaptada para que se deslizara sobre rieles por un túnel de una milla.
“Todo el mundo dice que salió por la puerta de enfrente”, dijo un residente que vivía cerca de la prisión en el momento. Esa teoría de conspiración ha sido repetida por periodistas tanto mexicanos como extranjeros, a pesar de las fotografías y videos ampliamente difundidos del túnel y la motocicleta.
La fallida investigación del gobierno sobre la desaparición y probable asesinato de 43 estudiantes en el año 2014 también ha afectado profundamente su imagen pública. Equipos de forenses extranjeros cuestionaron los hallazgos del gobierno, según los cuales los estudiantes habrían sido incinerados en un basurero, y un grupo internacional de expertos dedicados a investigar el caso acusaron a las autoridades mexicanas en agosto del 2015 por esconder evidencia pertinente.
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