Al menos dos testigos implicados en el caso de narcotráfico que involucra a familiares del presidente de Venezuela han sido asesinados, lo que aumenta las dudas sobre si los llamados "narcosobrinos” fueron parte de una operación de tráfico más grande.
Según documentos judiciales revisados por InSight Crime, un testigo confidencial identificado como “CW-1” le informó a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés), en octubre de 2015, sobre una presunta conspiración de tráfico de cocaína en la que participaban Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la esposa del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Campo y Flores enfrentan actualmente cargos en la Corte Federal de Estados Unidos por conspirar para enviar cientos de kilogramos de cocaína obtenidos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde Venezuela a Honduras, y finalmente a Estados Unidos.
Los sobrinos fueron detenidos el 10 de noviembre de 2015 en una operación encubierta en Haití. “CW-1” fue asesinado menos de un mes después en Honduras.
Documentos de la corte describen a CW-1 como un "narcotraficante que operaba en Honduras" y que comenzó a cooperar con la DEA poco después de que fue acusado en mayo de 2015 por cargos de narcotráfico en Estados Unidos. CW-1 también se conoce como "El Sentado" porque había quedado postrado en una silla de ruedas como consecuencia de un accidente.
Flores y Campo conocieron a “El Sentado” a través de un contacto venezolano conocido como "Hamudi", quien le presentó a los dos sobrinos al empleado de El Sentado, alias "El Flaco", también conocido como "El Negrito". El Flaco finalmente le presentó a Flores y Campo a una fuente confidencial conocida como CS-1, o "El Mexicano", quien le proporcionó a la DEA evidencias en contra de los sobrinos.
De acuerdo con los documentos de la corte, Hamudi fue asesinado sólo 15 días antes de que los sobrinos de Maduro fueran detenidos.
El Miami Herald, citando fuentes anónimas "familiarizadas con la situación", informó el 28 de julio que dos informantes de la DEA que intervienen en el caso de Campo y Flores han sido asesinados "por los proveedores de drogas de los sobrinos de Venezuela".
El Herald identificó a una de las víctimas como CW-1, también conocido como El Sentado. Pero el diario no identificó específicamente a la otra víctima, sino que se refirió a esa persona como alguien que estaba en Venezuela y "era parte de la operación encubierta que condujo a la detención de los sobrinos de Maduro." Es posible, pero no se ha confirmado, que se refieran a Hamudi.
Las identidades de los asesinos siguen sin esclarecerse, al igual que sus motivos. Sin embargo, es interesante notar que las pruebas más contundentes contra Campo y Flores provienen de los dos hombres asesinados, mediante fuentes como grabaciones y videos en sus encuentros con presuntos narcotraficantes, así como confesiones firmadas por escrito, proporcionadas a agentes de la DEA poco después de su detención.
Tanto Flores como Campo se han declarado no culpables de los cargos de tráfico de drogas que se les imputan.
Análisis de InSight Crime
El asesinato de testigos en el caso de Campo y Flores añade nuevos misterios a un caso que de por sí ya es extraño. InSight Crime ha planteado la posibilidad de que los sobrinos del presidente pueden no haber sido "los cerebros" de la operación de narcotráfico. Más bien, ellos pudieron haber servido como fachada política para el Cartel de los Soles, el grupo de narcotraficantes compuesto por miembros de las fuerzas de seguridad de Venezuela.
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Si este es el caso, es posible que los testigos hayan sido asesinados como venganza por su participación en la investigación, o para evitar que se revele la identidad de otras personas que puedan haber participado en el esquema de narcotráfico. Tal acción conlleva un riesgo significativo; sin embargo, tomar represalias contra un testigo se considera un delito federal grave en Estados Unidos, que se castiga con pena de muerte o cadena perpetua.
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También vale la pena mencionar que un benefactor no identificado ha estado pagando los costos judiciales de los sobrinos. Esto sugiere que hay partes interesadas en asegurar que ni Campo ni Flores logren un acuerdo de culpabilidad, lo que los podría obligar a proporcionar información sobre otros sospechosos a cambio de beneficios jurídicos. Aún no está claro quiénes podrían ser esos sospechosos, pero se sabe que una serie de altos funcionarios venezolanos han sido acusados previamente de participar en el tráfico de drogas.
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