Más de un oficial de la policía o del ejército fue asesinado cada día en Venezuela en el año 2016, una cifra que pone de relieve la situación de seguridad cada vez más delicada, que en gran parte puede ser atribuida a las recientes políticas del gobierno.
En el año 2016 se presentó el mayor número de asesinatos de miembros de las fuerzas de seguridad en los últimos cinco años en Venezuela, con 414 casos, según un informe del grupo de defensa de los derechos humanos Fundación para el Debido Proceso (FUNDEPRO).
El estudio fue publicado en enero de 2017, y reúne datos de los medios de noticias y de entrevistas con miembros de las fuerzas de seguridad.
De los 414 asesinados, 291 eran policías, 93 eran militares y los 30 restantes eran guardaespaldas. La cifra total incluye las muertes tanto en servicio como fuera de servicio, pero no los incidentes de los oficiales que murieron mientras presuntamente cometían actos delictivos.
El informe señala que el móvil principal de los asesinatos fue el robo de vehículos o armas de los oficiales, y que el estado con el mayor número de incidentes registrados fue Miranda, ubicado en la costa norte, con 83 muertos.
El informe señala que, junto con los otros 26 ataques contra las estaciones de la policía y el ejército, estos asesinatos indican que hay "un desprecio e irrespeto considerable por las figuras de autoridad".
Análisis de InSight Crime
Los datos relativos a los asesinatos de los miembros de las fuerzas de seguridad son los más recientes ejemplos de cómo las fallidas políticas de seguridad del gobierno están aumentando la espiral de violencia en Venezuela.
Según estadísticas de 2016, el país fue uno de los más violentos del mundo, pues se estima que hubo unos 30.000 homicidios. Las fuerzas de seguridad y el poder judicial se encuentran muy abrumados debido a que los linchamientos incrementaron en 650 por ciento el año pasado, y la tasa de impunidad de los homicidios ronda el 92 por ciento, según datos de la Fiscalía General de la República. La situación de seguridad general no proporciona un ambiente de trabajo seguro para los policías y militares que patrullan las calles.
Pero los asesinatos de los miembros de las fuerzas de seguridad se han exacerbado por las medidas del gobierno, que han afectado la percepción de la ciudadanía sobre las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, en el país hay cada vez más indignación por la infame Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP). Esta estrategia de seguridad ha conducido a una oleada de acusaciones de abusos de los derechos humanos y de asesinatos extrajudiciales por parte de oficiales de seguridad y escuadrones de la muerte que cooperan unos con otros, lo que genera aún más resentimiento entre la gente hacia las fuerzas de seguridad.
Por otra parte, la administración del presidente Nicolás Maduro ha armado cada vez más grupos civiles como parte de su estrategia de seguridad. Al hacerlo, el gobierno está en efecto socavando el monopolio de las fuerzas de seguridad sobre la violencia.
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Por otra parte, algunos grupos de civiles armados, concebidos para proteger a las personas de la delincuencia, como los llamados "colectivos", se han visto cada vez más involucrados en actividades criminales.
Una política similar ha llevado a la creación de las "zonas de paz", donde el gobierno permitió que las fuerzas de seguridad fueran remplazadas por grupos de autodefensa. En realidad, estas áreas se han convertido en refugios para el crimen organizado y en zonas prohibidas para los miembros de las fuerzas de seguridad. De hecho, Miranda, el estado con el mayor número de oficiales asesinados en el año 2016, es una zona con una alta concentración de zonas de paz.
A principios de enero de 2017, Maduro anunció que el gobierno asignaría más armas a los civiles como parte de una nueva estrategia de seguridad —un indicio de que su administración no tiene la intención de cambiar su curso de acción—.
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