El ex capitán del ejército, convicto por asesinar al obispo Juan Gerardi, manejaba una enorme red de soborno desde la cárcel, según una investigación realizada por la comisión contra la impunidad de Guatemala.
Byron Lima, el ex capitán del ejército condenado por asesinar al activista de Derechos Humanos el obispo Juan Gerardi, es acusado de conceder favores a otros presos a cambio de miles de dólares en sobornos. Además de acusar a Lima de lavado de dinero y crimen organizado, las autoridades guatemaltecas arrestaron a la esposa de Lima, al actual director nacional de servicios penitenciarios, y al ex director adjunto de las cárceles. Los fiscales dijeron que otras 12 personas han sido implicadas, como informó Associated Press.
Lima presuntamente formó parte de una banda que organizaba favores especiales para los internos, tales como teléfonos celulares, visitas conyugales, y traslados a otros centros penitenciarios. El director nacional del sistema penitenciario recibió una parte del dinero a cambio de la aprobación de las transferencias.
Lima había sido acusado previamente de disfrutar de un tratamiento "VIP" en la cárcel. Él supuestamente amasó una pequeña fortuna con esta red de soborno, incluyendo propiedades y vehículos de lujo.
Análisis de InSight Crime
Desde 2001, Lima ha estado cumpliendo una condena de 20 años por el asesinato del obispo Juan Gerardi, quien fue asesinado a golpes en 1998 tan sólo dos días después de publicar un informe que detallaba las atrocidades del ejército. El asesinato fue visto como un revés traumático para los que buscaban justicia por los crímenes cometidos por los militares en el país.
El padre de Lima y otro exmilitar también fueron condenados por el asesinato de Gerardi, en un juicio histórico que produjo las primeras condenas de oficiales del ejército de alto nivel en un tribunal no militar; un hecho que fue posible gracias a una sentencia de 1996.
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Teniendo en cuenta el perfil de Lima, el desmantelamiento de su red de soborno representa una importante victoria, aunque tardía, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo de las Naciones Unidas que trabaja en Guatemala desde 2007. La CICIG ha tenido un éxito significativo, reduciendo las tasas de impunidad en un 23 por ciento en seis años, pero su mandato expirará en septiembre de 2015.
El caso también pone de relieve la profundidad de la corrupción que está presente en el sistema penitenciario de Guatemala, de manera similar a otros sistemas penitenciarios en toda Latinoamérica. Aunque el estatus tipo celebridad de Lima probablemente provoque una importante protesta en Guatemala, los esquemas de extorsión facilitados por los funcionarios de prisiones corruptos son comunes en toda la región.
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