En medio de un ambiente confuso y políticamente cargado, las autoridades de Nicaragua han afirmado que uno de los sospechosos detenidos por los ataques mortales a los autobuses es un miembro de los Zetas, insistiendo en que los asesinatos no tenían fines políticos sino netamente criminales.
El 7 de agosto la jefa de policía de Nicaragua, Aminta Granera, anunció la captura de ocho nuevos sospechosos en el caso -llevando el total a 12- informó el diario español El País. Según Granera, el detenido José Ricardo Cortés Dávila, alias "Cobra", ha sido vinculado al grupo criminal de los Zetas. Al parecer Cobra estuvo involucrado en la planificación del ataque y ayudó a dos de los sospechosos a esconderse de las autoridades, informó La Prensa.
Los ataques contra los simpatizantes sandinistas (vea gráfico) en su regreso de Managua, donde se encontraban en la celebración del aniversario del partido gobernante, fueron obra del "crimen común" y no tenían una motivación política, afirmó Granera.
"No hemos encontrado ninguna vinculación, ni ningún indicio para demostrar que se trata de un acto político", dijo. "[En el país] no tenemos grupos armados con fines políticos".
Granera dijo que los sospechosos habían estado planeando el ataque desde mediados de junio, y que la policía no sabía cómo habían adquirido las armas de uso militar utilizadas en la operación.
Análisis de InSight Crime
Los ataques del 19 de julio que resultaron en la muerte de cinco personas y dejaron 28 heridos siguen siendo un misterio.
Los incidentes ocurrieron en Matagalpa, cerca de una zona en la que se han presentado informes sobre actividad de grupos armados. Poco después del ataque, un grupo previamente desconocido que se hace llamar las Fuerzas Armadas de Salvación Nacional - Ejército del Pueblo (FASN-EP) se adjudicó la responsabilidad e indicó que los ataques tenían como objetivo "al opresor". Sin embargo, el líder de un importante grupo “Contra” rearmado -en referencia a las fuerzas rebeldes que lucharon contra los sandinistas en los años ochenta- negó su participación en los ataques.
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Tres de los cuatro sospechosos inicialmente arrestados y acusados ??eran presuntos miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido gobernante, mientras que, según La Prensa, ocho de los sospechosos son miembros de la oposición política.
Las autoridades han negado que los ataques actuales tuvieran alguna relación política, y han insistido en que los grupos armados que operan en el país son de una naturaleza netamente criminal -aunque la severa respuesta que ha dado el gobierno a estos grupos indica cierta preocupación frente a su poder y motivaciones.
Como se señala en El País, los comentarios de Granera dejan preguntas importantes sin respuesta. ¿Por qué ninguna de las víctimas fue robada si los ataques fueron obra del "crimen común"? ¿Por qué estaba involucrado un hombre que ha sido vinculado a los Zetas? Los criminales tienden a involucrarse en la violencia con fines comerciales específicos, y en éste caso estos fines no son claros.
Mientras tanto, el manejo del caso sugiere que las autoridades están desesperadas por cerrarlo. Los defensores de los Derechos Humanos afirman que la policía ha arrastrado violentamente de sus hogares a varios sospechosos sin si quiera tener órdenes de arresto, mientras que un artículo de opinión en La Prensa describió al caso como una "cacería de brujas". Los familiares de los acusados ??afirman que todo el caso fue montado por la policía.
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