Una reciente serie de ataques contra un periodista en República Dominicana ilustra las tácticas utilizadas para silenciar a aquellos que están investigando el tráfico de drogas en el país, donde las organizaciones criminales internacionales han aumentado su presencia.
El 30 de junio, hombres armados dispararon contra el automóvil del periodista Pedro Fernández mientras conducía por la ciudad de San Francisco de Macorís, informó Reporteros Sin Fronteras. El incidente se produjo días después de que los atacantes lanzaran bombas lacrimógenas en la casa de Fernández, dejando un mensaje en el que se le amenazaba con matarlo si no dejaba de "atacar" a los puntos de venta de drogas en la ciudad. En ambas ocasiones, el periodista salió ileso.
Fernández -que es un corresponsal del periódico El Nacional y productor de televisión- ha recibido amenazas de muerte desde que reportó sobre los puntos de venta de drogas en San Francisco de Macorís y el asesinato de 12 personas, informó Acento. Fernández anunció en enero que él era blanco de un plan de asesinato.
Las autoridades han afirmado que los ataques en contra de Fernández son el resultado de una deuda que su hijo le debe al narcotraficante Julio Paula Grullón Paula, alias "Yuyo". Fernández rechazó esta declaración, acusando a la policía y a la Procuraduría General de colaborar con los narcotraficantes.
Análisis de InSight Crime
Una fuente en República Dominicana, consultada por InSight Crime, dijo que se pensaba que los recientes ataques contra Fernández se habían llevado a cabo por grupos locales que trabajan en nombre de organizaciones transnacionales con operaciones en el país.
En los últimos años, en el país se ha presentado un fuerte incremento en las incautaciones de cocaína, y existen pruebas de que organizaciones trasnacionales de tráfico de drogas, incluyendo al Cartel de Sinaloa, han establecido operaciones en el país.
Los grupos locales presuntamente han forjado lazos con estos grupos transnacionales, y algunos parecen estar adoptando tácticas normalmente utilizadas por organizaciones más sofisticadas, como la intimidación de las autoridades judiciales y los ataques a periodistas.
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Según los informes, en 2011 el periodista José Agustín Silvestre fue secuestrado y asesinado después de haber reportado sobre vínculos entre el narcotráfico y un empresario de la zona.
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