En una reciente audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre la efectividad de las sanciones financieras impuestas a las organizaciones criminales se demostraron algunos de los defectos de esta práctica y se presentaron sugerencias para mejorarla.
El 8 de noviembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos llevó a cabo una audiencia sobre la efectividad de una ley de 1999 conocida como la Ley de Capos (Kingpin Act), mediante la cual se sanciona a las personas sospechosas de participar en el tráfico de drogas.
Una vez que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluye a una entidad en la denominada “Lista de Capos” (Kingpin List), dicha entidad pasa a ser ilegal según las leyes estadounidenses y se le prohíbe a cualquier persona que lleve a cabo negocios con ella. La inclusión en dicha lista también lleva a que se congelen los activos que la entidad posea en Estados Unidos.
Según el testimonio presentado por Donald Semesky Jr., exdirector de la Oficina de Operaciones Financieras de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos(DEA por sus iniciales en inglés), la ley ha sido "tremendamente eficaz" en la protección de Estados Unidos frente al "flagelo" de las drogas ilegales.
Sin embargo, otros testigos presentes en la audiencia criticaron ciertos aspectos de la manera como se ha implementado la ley.
Eric Olson, director adjunto del Programa para Latinoamérica del Wilson Center, señaló que el uso de la Lista de Capos "es efectivo y legítimo", pero "conlleva el riesgo de daños colaterales que podrían afectar a sectores legítimos del sistema financiero y, en última instancia, a la economía".
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Olson sustentó sus conclusiones refiriéndose al caso de la poderosa familia Rosenthal y a su red de lavado de dinero en Honduras, que el Departamento del Tesoro sancionó en 2015.
Con base en los informes de InSight Crime sobre el caso, Olson señaló que la inclusión en la Lista de Capos había permitido dar "un fuerte golpe" a la red criminal de la familia, pero también dijo que había generado incertidumbre entre los clientes y empleados de los negocios de la misma.
Otro aspecto que se ha planteado con respecto a la Lista de Capos es la falta de un debido proceso para las entidades que son sancionadas. Semesky, el exagente de la DEA, admitió que, aunque el proceso para agregar entidades a la lista es exhaustivo, se han cometido algunos errores.
Por ejemplo, este año Estados Unidos se vio obligado a sacar a más de 20 entidades latinoamericanas de la lista, luego de que éstas lograron demostrar que habían sido sancionadas injustamente.
Por otro lado, David Hall, exfiscal federal de Estados Unidos, señaló en su testimonio que para los individuos y las empresas a veces puede ser difícil determinar si están haciendo negocios con una entidad sancionada.
Según Hall, la mayoría de las pequeñas empresas estadounidenses carecen de los recursos necesarios para "descubrir las estructuras de propiedad de sus clientes y socios comerciales". Argumentó que dejar el asunto en manos de estas empresas "no es justo ni práctico".
Análisis de InSight Crime
El representante Dan Donovan (Republicano-NY) planteó quizás la pregunta más incisiva durante la audiencia: "¿Qué tanto éxito cree que estamos teniendo en la identificación de activos y, en los casos en los que éstos sean confiscados, con el enjuiciamiento de quienes están incluidos en la lista?"
"En general, no mucho", respondió Semesky.
Los participantes en la audiencia señalaron que una de las razones por las que esta situación se presenta es que aplicar las sanciones de Estados Unidos requiere a menudo la colaboración de otros países cuyas instituciones quizá no están capacitadas para hacerlo.
"Ello limita lo que podemos hacer desde el punto de vista de la aplicación de las leyes y desde el punto de vista de la efectividad", señaló Olson. "Si los países socios no son fuertes, competentes, honestos y transparentes, esto debilita y socava nuestra propia capacidad de ir tras los activos de, por ejemplo, las FARC y otras organizaciones criminales".
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Varios de los participantes señalaron que sería beneficioso que la efectividad de la Lista de Capos sea sometida a una mejor evaluación, un tema que también se ha planteado con respecto a otros programas de la lucha contra el crimen administrados por Estados Unidos en Latinoamérica.
Subrayando que nunca ha habido una revisión exhaustiva de los pros y los contras de las sanciones de la Lista de Capos, Olson propuso que se llevara a cabo una revisión.
"Ya han pasado casi 17 años desde que se implementó y es hora de hacer un análisis de costo-beneficio, y de averiguar si la ley es tan efectiva como se ha señalado", dijo.
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