Según un nuevo informe, las ejecuciones extrajudiciales en Guatemala se incrementaron en más del 50 por ciento durante el primer año del Presidente Otto Pérez en el cargo, lo que demuestra una tendencia alarmante vinculada a las empresas de seguridad privada y a juntas locales de seguridad.
Los reportes de ejecuciones extrajudiciales pasaron de 279 en 2011 a 439 en 2012, según el informe elaborado por el grupo guatemalteco del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), como informa Siglo21. No obstante, esto sigue representando una importante reducción en las cifra registradas en 2009 y 2010, cuando se investigaron 5.072 casos.
Entre 2005 y 2012, los fiscales investigaron un total de 6.805 casos, pero sólo 22 de ellos -el 0,32 por ciento- resultaron en condenas. Del resto, 391 fueron archivados y el resto permanecen abiertos.
Según el informe, se ha producido un aumento en la participación en las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de seguridad privada y las juntas locales de seguridad -grupos de policías comunitarios creados con el apoyo del Estado en 1999-.
Análisis de InSight Crime
Las ejecuciones extrajudiciales y los escuadrones de la muerte han sido una característica común de la violencia en Guatemala desde la guerra civil del país, la cual terminó en 1996.
En el pasado, a menudo los homicidios estaban vinculados a organizaciones oscuras conocidas como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) -miembros actuales y anteriores de las fuerzas de seguridad y de los organismos de inteligencia que estuvieron muy involucrados en el crimen organizado y ejercieron una considerable influencia política-.
Los CIACS se han reducido considerablemente, pero las fuerzas de seguridad guatemaltecas siguen estando vinculadas a las ejecuciones extrajudiciales, incluyendo un caso el año pasado en el que el ex jefe de la Policía Nacional de Guatemala fue acusado de haber participado en el asesinato de extorsionistas en 2009.
El hecho de que la seguridad privada y las juntas locales de seguridad también estén ahora conectadas con las ejecuciones extrajudiciales no es sorprendente. Las empresas de seguridad privadas han sido acusadas ??de colaborar con los CIACS, a menudo al servicio del crimen organizado, mientras que las juntas locals de seguridad han sido vinculadas a una serie de actividades criminales como secuestro, extorsión, narcotráfico y la justicia por mano propia.
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