Un organismo que vela por los derechos humanos en Colombia reportó un aumento en los asesinatos de defensores de derechos humanos en 2013, siendo los paramilitares los principales autores, un acontecimiento que probablemente esté ligado a intereses económicos con lazos criminales que han querido hacer retroceder la reforma agraria.
El informe anual (pdf) de la ONG colombiana Somos Defensores observó un aumento en el número de trabajadores de los derechos humanos asesinados, de 69 en 2012 a 78 en 2013. De los 78 defensores asesinados, 15 fueron asesinados al parecer por grupos paramilitares, ocho por la guerrilla, cinco por miembros de las fuerzas de seguridad del gobierno, y 50 por autores desconocidos.
Estas cifras representan un incremento de los asesinatos por parte de grupos paramilitares (de nueve en 2012 a 15 en 2013) y las fuerzas de seguridad (de uno a cinco), y una disminución en los de la guerrilla (de 11 a ocho). Somos Defensores sospecha que esta disminución pueda estar ligada a los avances en las conversaciones de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Cuba.
De forma global, Somos Defensores contó 366 agresiones contra defensores de los derechos humanos y organizaciones sociales, incluyendo amenazas, agresiones, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. La ONG atribuyó el 50 por ciento de estos incidentes a los paramilitares.
Los líderes de derechos humanos más perseguidos han sido campesinos, indígenas, y los que luchan por la restitución de tierras, mientras que los asesinatos de líderes rurales aumentó de tres en 2012 a 15 en 2013.
Análisis de InSight Crime
Los ataques contra los defensores de los derechos humanos en Colombia son generalmente el resultado del cruce por parte de estos en el camino de poderosas élites económicas con vínculos criminales buscando proteger sus intereses, y el problema ha sido particularmente grave en lo que respecta a la intimidación de activistas defendiendo el derecho a la tierra, a menudo por grupos de tipo paramilitar.
El asunto tiene sus raíces en el conflicto armado colombiano, cuando muchas comunidades rurales e indígenas fueron desplazadas de tierras ricas en recursos por los paramilitares, a menudo trabajando en nombre de empresas privadas agrícolas y ganaderas. Desde la desmovilización formal de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), algunas de estas empresas han seguido utilizando grupos criminales neoparamilitares, como los Urabeños, con el fin de reprimir los llamados a la reforma agraria, a través de asesinatos selectivos de activistas.
El narcotráfico también complica la restitución de tierras, con grupos como los Urabeños y los Rastrojos controlando los corredores de la droga en las zonas centrales del conflicto por la tierra.
VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre las BACRIM
Según Human Rights Watch (HRW), las organizaciones paramilitares narcotraficantes híbridas llamadas "BACRIM" representan ahora el mayor impedimento para el proceso de restitución de tierras en Colombia. También han sido señaladas como las responsables del 30 por ciento de las violaciones de los derechos humanos en el país.
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