Las incautaciones de armas y narcóticos a lo largo de las fronteras de Brasil aumentaron en el último año, aun sin inversiones importantes en la seguridad fronteriza, lo que sugiere la posibilidad de que dicho incremento esté siendo impulsado por la dinámica criminal.
Según datos de la policía federal, el incremento en las captaciones de armas ingresadas ilegalmente al país fue de 33,5 por ciento en 2017, según información de O Globo. La mayoría de las armas tenían como destinos las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo, desde donde muchas se redistribuirían hacia todo el país.
Se calcula que 95 por ciento de los decomisos ocurrieron en los estados brasileños de Mato Grosso do Sul y Paraná, que comparten una frontera terrestre con Paraguay, donde la población de Pedro Juan Caballero ha aumentado su actividad criminal transfronteriza. 5 por ciento restante era transportado en avionetas entre Bolivia y Paraguay hasta el interior de São Paulo y Minas Gerais.
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Los decomisos de marihuana y cocaína también crecieron en 74,1 por ciento y 39,4 por ciento, respectivamente. El mercado doméstico brasileño es el segundo mayor consumidor de cocaína en el mundo luego de Estados Unidos, y se ha usado cada vez más como punto de embarque para los narcóticos dirigidos a Europa.
Análisis de InSight Crime
Pese a los recientes éxitos en materia de decomisos, el gobierno brasileño ha optado por reducir el gasto en sistemas diseñados para la vigilancia de las fronteras nacionales. Sisfron —una red de sensores que el gobierno está instalando con miras a cubrir los 17.000 kilómetros de frontera en 2022— en la actualidad solo cubre el 4 por ciento de la extensión limítrofe.
Con el retiro de recursos federales de la interceptación de armas y narcóticos en la frontera para concentrarlos en destinos finales, como Río de Janeiro, la capacidad de los organismos de seguridad para contrarrestar el desarrollo de las rutas de tráfico está sufriendo algunos altibajos. Para empeorar las cosas, una reforma legislativa de 2016, por la que se fija topes al presupuesto federal, impide de hecho nuevas inversiones en seguridad fronteriza aun sin reducir el gasto en otros lugares.
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Ante la falta de recursos, no es claro qué esté motivando el repunte en los decomisos. El aumento de esas incautaciones en la frontera sigue a denuncias que detallaban tentativas de los grupos criminales de importar armamento hacia Brasil desde Venezuela, aprovechando la inestabilidad política y económica de ese país.
Organizaciones como el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital –PCC–) también han invertido recursos importantes para fortalecer su presencia en países vecinos, como Paraguay, con el fin de facilitar el tráfico. Influyentes miembros de la élite en el gobierno paraguayo pueden estarse beneficiando directa o indirectamente de las actividades ilícitas de esa organización en la frontera, lo que reduce la voluntad política para combatir el problema en ese lado de la frontera.
La escalada de los conflictos entre organizaciones criminales en Brasil, y una política de seguridad nacional más centrada en el uso de tácticas de mano dura están llevando a las organizaciones criminales a armarse y adiestrarse, lo que eleva la demanda de armas provenientes de países vecinos.
Brasil tiene la tercera frontera terrestre más extensa del mundo, y la comparte con países conocidos por la producción y distribución de armas, narcóticos y contrabando.