Un reciente informe de un centro de estudios de México subraya que el aumento en los gastos de seguridad no ha logrado disminuir los crecientes índices de violencia en el país, y señala que el problema puede radicar no tanto en la cantidad total de recursos, sino en la manera de asignarlos.
El estudio, publicado en el mes de julio de 2017 por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, un instituto de investigación ubicado en México, considera que, a pesar del aumento del 61 por ciento en seguridad interna por parte del gobierno entre 2008 y 2015, México sigue siendo uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Según el informe, el gobierno mexicano invirtió 209 mil millones de pesos (US$11,7 mil millones) en seguridad general en el año 2015. En seguridad nacional se invirtió el 40 por ciento de los recursos del sector, mientras que la justicia y la seguridad interna representaron, respectivamente, el 39 y el 21 por ciento del gasto total en seguridad.
Sin embargo, el informe señala que la asignación de recursos en México "ha permitido conformar una fuerza policial con personal suficiente […] pero con limitadas capacidades para la investigación y la prevención".
El estudio estima que la cantidad de policías aumentó en un 275 por ciento entre 2006 y 2015. En el año 2013, México tenía 367 policías por cada 100.000 habitantes, más que Estados Unidos, Brasil y Honduras, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUCDD).
Sin embargo, en México sólo hay cuatro jueces por cada 100.000 habitantes, una tasa inferior a las de El Salvador, Chile y Colombia.
El informe también hace hincapié en que hay un enorme subregistro de las cifras oficiales relacionadas con las tasas de homicidio, robo y secuestro en México. Sólo uno de cada diez de estos crímenes es registrado por las autoridades mexicanas —una de las tasas más bajas del continente—, lo que, según el estudio, se debe a la impunidad y a la falta de confianza de las víctimas en el poder judicial.
Análisis de InSight Crime
Dado que las altas tasas de violencia e impunidad son problemas que por mucho tiempo han afectado a México, el informe señala que para mejorar la seguridad se requiere una mejor asignación de los recursos.
Por ejemplo, México ha aumentado en gran medida su fuerza policial, pero las estimaciones señalan que uno de cada diez funcionarios a nivel nacional pierde las pruebas de confianza. Por otra parte, un estudio realizado en julio de 2017 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indicó que las fuerzas policiales del país tenían menos presencia en las regiones más susceptibles a la violencia y la criminalidad.
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Además, México le ha dado prioridad a la estrategia militarizada y de mano dura en la lucha contra el crimen y la violencia, una estrategia que no ha tenido resultados sostenibles en la seguridad después de más de una década de estar en vigencia. Era poco probable que esta estrategia, que no hace suficiente énfasis en el trabajo preventivo, diera resultados a largo plazo, independientemente de la cantidad de recursos que el gobierno haya invertido en ella.
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