Las autoridades en México están tratando de desarmar a los grupos de autodefensa que reconocieron legalmente hace apenas unos meses, en medio de señales de que se están saliendo de control. Es poco probable que las milicias fuertemente armadas simplemente empaquen y regresen a casa.
El 4 de abril, el comisionado para la seguridad y el desarollo de Michoacán, Alfredo Castillo, anunció que el gobierno planeaba remover las armas de los grupos de autodefensa que operan en el estado, ubicado en el Pacífico al suroeste del país, y derribar las barricadas que habían establecido en las entradas de las ciudades locales. Dijo que una vez se complete el proceso, cualquier civil que porte armas de fuego será detenido, informó El Universal. Algunos miembros de las autodefensas serán entonces incorporados a las unidades de policía rural, informó CNN.
Las fuerzas federales comenzaron el proceso de desarme el 5 de abril, arrestando a 40 miembros de las autodefensas en varias comunidades, informó La Jornada.
La medida no les gustó a los grupos de autodefensa. El líder de las autodefensas y portavoz, José Manuel Mireles, dijo que los grupos no se desarmarían, y miembros del grupo en 15 comunidades marcharon para protestar por la decisión. También le ordenaron al ejército y a la marina retirarse de "sus pueblos", afirmando que las fuerzas estaban trabajando con la organización criminal de los Caballeros Templarios, informó Proceso.
Análisis de InSight Crime
Las autodefensas de Michoacán saltaron a la fama internacional hace más de un año con el objetivo declarado de luchar contra el grupo criminal de los Caballeros Templarios. Fueron semi-legitimados por el gobierno mexicano en enero, bajo un marco legal que le permitió a algunos portar armas y llevar a cabo operaciones conjuntas con las fuerzas de seguridad.
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Desde entonces, las cosas no han salido según lo planeado. Las fuerzas de autodefensa no han registrado la mayor parte de sus armas -un requisito en virtud del acuerdo- mientras que los líderes han participado en una guerra de acusaciones en medio de rumores sobre supuestos vínculos con el negocio de la droga. Recientemente, dos líderes de las autodefensas fueron acusados ??de asesinato, incluyendo un ataque a un alcalde local quien se oponía a estos grupos.
A raíz de estos incidentes, el gobierno ha vacilado en su postura sobre los grupos. Castillo anunció la semana pasada que las autodefensas ya no eran necesarias; un aparente antecedente de la iniciativa de desarme.
La pregunta sigue siendo si el gobierno tiene el poder para detener los mismos grupos que ayudó a legitimar. Las autodefensas disfrutan de un poder significativo a nivel local, e insisten en que su constante presencia es necesaria mientras que los miembros de la golpeada dirección de los Caballeros Templarios sigan en libertad.
Con los grupos fuertemente armados, bien financiados e impulsados por motivos cuestionables, una campaña de desarme forzado puede ser el perfecto catalizador para empujarlos a la actividad criminal -un movimiento ampliamente predecible en medio de comparaciones con los paramilitares de Colombia.
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