La detallada y cuidadosa autopsia por parte de las autoridades a uno de los 43 estudiantes desaparecidos desde una manifestación en septiembre en el estado de Guerrero, es un fuerte contraste frente a la opaca y desordenada manera con la que este gobierno ha enfrentado el crimen organizado desde que entró en oficio en 2012.
Durante una conferencia de prensa el pasado 7 de diciembre, el Procurador General de México, Jesús Murillo Karam, afirmó que los restos encontrados en una bolsa de basura llena casi completamente de cenizas, pertenecían a Alexander Mora Venancio, un estudiante y profesor de 21 años que viajaba con otros 42 estudiantes a una manifestación el 26 de septiembre, antes de que la policía municipal de Iguala los interceptara y luego entregara a una organización criminal conocida como Guerreros Unidos.
Además de su detallada declaración sobre el proceso –que incluyó el trabajo de especialistas forenses de Argentina que enviaron algunos de los restos a la universidad de Innsbruck para analizarlos con 16 exámenes diferentes- Murillo dio a conocer el informe de la autopsia (véalo abajo) y afirmó que el proceso está filmado.
Murillo también afirmó que el gobierno ha arrestado a 80 miembros de Guerreros Unidos y a 44 de los 60 policías buscados para ser interrogados en un caso que se ha convertido en un punto definitivo de la presidencia de Enrique Peña Nieto. El alcalde de Iguala y su esposa también han sido arrestados, y el gobernador de Guerrero ha renunciado debido al escándalo.
Análisis de InSight Crime
La abierta y al parecer meticulosa investigación del gobierno sobre la masacre tiene sus méritos. Irónicamente, estos mismos medios abiertos y meticulosos con que se ha abordado este caso en particular hacen que al trato que el gobierno ha dado a los demás casos de crimen organizado parezca superficial y trivial.
Los mexicanos raramente pueden ver el interior de una investigación. Ahora que pueden ver todo, se preguntan por qué el gobierno no maneja con este mismo cuidado cada investigación, y por qué es necesaria una tragedia para abrir los ojos ante una realidad que el gobierno ha gastado millones de dólares tratando de ocultar.
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Peña Nieto prometió restaurar la imagen del país, pero tratando de enterrar los problemas relacionados con el crimen organizado, inadvertidamente construyó un volcán de descontento. Ese volcán hizo erupción con la desaparición y el aparente asesinato de los 43 manifestantes estudiantiles.
El gobierno ha sido lento en reconocer esta erupción. El presidente tardó más de dos meses sólo para visitar el lugar de la masacre. Pero para ganar la fe del país se necesita más que sólo teatro político.
Se necesitan algunas investigaciones más con la calidad de la de Iguala.
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