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Autoridades de Guatemala y la CICIG acusan a otro expresidente por corrupción

ÉLITES Y CRIMEN / 14 FEB 2018 POR TRISTAN CLAVEL ES

El expresidente de Guatemala Álvaro Colom se suma a la lista de exjefes de Estado que enfrentan denuncias de corrupción en la nación centroamericana, y su arresto pone de manifiesto la creciente capacidad del poder judicial para ir tras algunas de las figuras más poderosas del país.

El 13 de febrero, el Ministerio Público de Guatemala anunció el arresto de once altos exfuncionarios acusados de fraude y malversación de fondos.

Entre los detenidos se encuentra el expresidente Álvaro Colom, así como varios exministros que prestaron servicio durante su mandato, como el exministro de Gobernación, Salvador Gándara Gaitán, y el exministro de Hacienda Pública, Juan Alberto Fuentes Knight, según confirmó un portavoz de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El arresto de los exfuncionarios está relacionado con una investigación sobre corrupción adelantada en conjunto entre el Ministerio Público y la CICIG, denominada "Transurbano", el mismo nombre del sistema de transporte público de la Ciudad de Guatemala.

La investigación, iniciada en el año 2015, indaga sobre el gasto de 270 millones de quetzales (unos US$35 millones) de fondos del Gobierno canalizados hacia un convenio público-privado firmado por la administración de Colom en 2009 para desarrollar el proyecto de transporte Transurbano.

La investigación demostró que este contrato estatal, otorgado a la Asociación de Empresas de Autobuses (AEAU), fue adjudicado sin seguir el debido proceso. Otras licitaciones de obras públicas, como la autorización para establecer rutas de autobuses en la capital de Guatemala, presentaron irregularidades similares, pues en la licitación se postularon cuatro empresas vinculadas a la AEAU y cuatro entidades falsas.

Según Iván Velázquez, comisionado de la CICIG, Colom "intervino personal e institucionalmente para facilitar el proceso fraudulento de creación del convenio".

El convenio obligaba a los entes privados a adquirir unos 3.150 buses de Brasil. Sin embargo, según República, sólo se importaron 455 vehículos.

Además, según Prensa Libre, se invirtieron más de 100 millones de quetzales (unos US$14 millones) en la compra de aparatos del sistema de prepago, en cantidades que excedían el número real de autobuses. Estos aparatos se encontraron intactos en las bodegas.

Las autoridades también se encuentran investigando la posible malversación de unos 1,4 millones de quetzales (casi US$200.000) destinados oficialmente al mantenimiento de los autobuses.

Los investigadores señalan que, durante la administración Colom, al convenio público-privado se le hicieron tres transferencias por más de 50 millones de quetzales (alrededor de US$6,8 millones) de fondos del Estado. El último pago se realizó durante la administración del sucesor de Colom, Otto Pérez Molina, quien también se encuentra encarcelado por cargos de corrupción. Según los informes, las transferencias fueron autorizadas por el exministro de comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, quien actualmente enfrenta otras acusaciones de corrupción.

Análisis de InSight Crime

Colom se suma a la lista de presidentes guatemaltecos acusados de corrupción, tras los cargos contra Pérez Molina y las acusaciones contra el expresidente Álvaro Arzú. Las autoridades también han estado estudiando la posible financiación ilícita de la campaña electoral del actual presidente, Jimmy Morales.

Esta creciente lista de acusaciones de altas personalidades permite sustentar la idea de que la corrupción en Guatemala es "un asunto estructural", como dijo recientemente Iván Velázquez, el comisionado de la CICIG, durante una entrevista con InSight Crime.

     VEA TAMBIÉN: Élites y crimen organizado

Pero los recientes arrestos también demuestran la creciente capacidad del Ministerio Público para adelantar investigaciones de corrupción con el fin de confrontar incluso a algunas de las élites más poderosas del país. En el contexto de las fuertes reacciones de las élites guatemaltecas (un patrón común en toda la región), esta expansiva capacidad demuestra la creciente independencia de la rama judicial, y el apoyo que ha recibido de la CICIG y de otros actores internacionales.

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