Las autoridades hondureñas han recuperado 90 casas y varias escuelas e iglesias que habían sido abandonadas y tomadas por las pandillas en San Pedro Sula, lo que representa un éxito para las operaciones de seguridad en curso, aunque no aborda los problemas de fondo.
Miembros de la policía nacional y las fuerzas armadas recuperaron los edificios en el sector Chamelecón, una de las zonas más violentas de la ciudad, como parte de la Operación Libertad; una operación en curso en la que militares y policías patrullan diariamente las calles, informó El Heraldo.
El Ministro de Defensa, Marlon Pascua, dijo que los residentes se vieron obligados a huir como consecuencia de la actividad pandillera, por parte de las maras de Barrio 18 y la MS-13, y otras pandillas callejeras. Algunas de las casas recuperadas todavía contenían elementos de cocina, ropa y fotografías familiares, informó La Prensa.
Los militares seguirán haciendo presencia en la zona las 24 horas del día con el fin de garantizar un regreso seguro a los residentes desplazados.
Análisis de InSight Crime
El desplazamiento provocado por las pandillas en San Pedro Sula también ocurre en barrios de la capital de Honduras, Tegucigalpa, donde los residentes abandonaron sus hogares para evitar repercusiones, debido a que no tienen la capacidad de pagar las exorbitantes extorsiones exigidas por las pandillas. En algunos casos, las pandillas luego se apropian de las casas y las utilizan como puntos de almacenamiento y venta de drogas.
Un fenómeno similar de desplazamiento interno ha ocurrido en ciudades de El Salvador –donde las maras también tienen una fuerte presencia– donde familias enteras luchan por evitar la violencia de las pandillas.
Según el ejército, desde el inicio de la Operación Libertad hace cuatro meses los homicidios se han reducido significativamente en San Pedro Sula –considerada la ciudad más peligrosa del mundo– y, al parecer, la actual campaña ha tenido cierto éxito en crear una apariencia de normalidad en la ciudad.
No obstante, las patrullas militares no pueden ser vistas como una solución a largo plazo y, hasta cierto punto, las fuerzas civiles de seguridad deben tomar el relevo. Teniendo en cuenta los reportes de que la misma policía está involucrada en los esquemas de extorsivos que han causado el desplazamiento, y la arraigada cultura general de corrupción de la policía y complicidad con el crimen organizado, esta no es una perspectiva muy alentadora.
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