Las estrategias recién anunciadas en Colombia para desestabilizar la producción de narcóticos cortando el acceso a fuentes de energía y alcaloides en zonas rurales podrían parecer innovadoras en el papel, pero es improbable que tengan un impacto importante en el negocio de la droga y pueden terminar afectando a una población que ya ha sufrido bastante.
El fiscal general de Colombia Néstor Humberto Martínez anunció su nueva "política de disrupción" en un comunicado oficial divulgado el 1 de noviembre, cuyo objetivo es poner fin al aumento en la producción de narcóticos y el tráfico en el país, principal fuente de ingresos ilícitos de los grupos del crimen organizado en Colombia.
Martínez propuso promover proyectos de bioingeniería que pongan freno a la producción del alcaloide requerido para el procesamiento de cocaína, limitar el suministro de energía a los invernaderos para boicotear las operaciones de cultivo de cannabis, y adoptar medidas para impedir el uso de dinero en efectivo y controlar empresas que ofrecen transferencias de moneda extranjera o servicios de remesas en zonas de cultivos ilícitos.
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En un esfuerzo por atacar específicamente la producción del alcaloide necesario para producir cocaína, Martínez propuso “la innovación petroquímica” para que dificultar el acceso a los elementos necesarios para la producción de clorhidrato de cocaína, además de controlar la venta de gasolina subsidiada por el gobierno en áreas productoras de cocaína y marihuana, entre otras.
Martínez acotó que el estado debe combatir los grupos narcotraficantes en el país en una forma “más amplia y audaz”, recurriendo a la “tecnología, a la innovación y a la disrupción”. El funcionario esbozó su propuesta en una carta que envió al presidente Iván Duque, pero aún no está claro si las ideas de Martínez serán ejecutadas.
Análisis de InSight Crime
La cruzada del fiscal general Martínez en busca de nuevas ideas parece apetecible en un país que ha luchado por reprimir un alza en la producción de drogas y el tráfico relacionado. "Seguimos haciendo lo mismo desde hace tres décadas”, declaró recientemente a El Tiempo.
Dicho esto, las propuestas específicas carecen de detalles y podrían tener consecuencias inadvertidas.
No es claro lo que significa “promover los proyectos de bioingeniería”, pero es muy posible que el desarrollo de proyectos de tal sofisticación tome tiempo. Pero el tiempo es precioso, pues los grupos del crimen organizado en Colombia están produciendo más cocaína que nunca antes.
Es muy probable que limitar o desconectar el suministro de electricidad para boicotear el cultivo de cannabis tenga un impacto significativo. Como el mismo Martínez lo mencionó, los grupos narcotraficantes en Colombia están haciéndose más innovadores y volcándose cada vez más a la tecnología para potenciar sus operaciones. Estos grupos tienen dinero suficiente y fácilmente pueden recurrir a generadores como fuentes de energía alternativa —como lo han hecho otros grupos en la región—. En última instancia, las afectadas son las comunidades en lugar de las operaciones de los grupos criminales.
Además, los problemas eléctricos no han impedido que los grupos criminales ingresen a ciertas comunidades. Una zona envuelta en la oscuridad facilita aún más la ejecución de actividades criminales.
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El control sobre la venta de gasolina en regiones productoras de marihuana y cocaína del país puede afectar a los residentes más que a los delincuentes. Aunque estas restricciones puedan impactar la producción de droga y el tráfico a corto plazo, los grupos criminales pueden hallar alternativas que están fuera del alcance de la población general.
En el pasado el gobierno colombiano ha recibido críticas por no responder a las necesidades de las poblaciones vulnerables que habitan en regiones estratégicas para el narcotráfico —en especial en lo relativo a los programas gubernamentales de erradicación de coca y sustitución de cultivos. Restringir las ventas de gasolina subsidiada por el gobierno puede tensar aún más las relaciones del gobierno con sus ciudadanos en mayor riesgo, mientras los grupos criminales encuentran otras formas de obtener la gasolina que necesitan para la producción de droga, lo que incluye la extracción ilegal de combustible de los oleoductos.
En cambio, una estrategia más efectiva para combatir la producción de droga y el tráfico podría incluir la asignación de recursos para garantizar que quienes se dedican a la siembra de productos ilícitos puedan depender de cultivos alternativos sostenibles y rentables, además de asegurar una mayor presencia del estado en zonas productoras de drogas para proteger a sus habitantes. Con esto, sería más difícil para los grupos del crimen organizado ejercer sobre esas comunidades el control que les es preciso para llevar a cabo sus actividades criminales.
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