Las autoridades guatemaltecas han embargado una serie de lujosas mansiones de un capo capturado, aprovechando una ley que permite al gobierno utilizar los activos o bienes de los criminales para seguir combatiendo el crimen.
Cinco propiedades que pertenecían a Mario Ponce Rodríguez, condenado el año pasado en Estados Unidos a 25 años de prisión por narcotráfico, fueron embargadas luego de que fiscales guatemaltecos determinaran que éstas propiedades eran suyas.
Una de las propiedades tiene un terreno que mide unos 28 millones de metros cuadrados, según Prensa Libre, e incluye una estación de gasolina y una pista de aterrizaje. Cuatro de las casas tienen un terreno promedio de 38 millones de metros cuadrados e incluyen una elaborada arquitectura, muebles y jardines.
Alrededor de US$3,3 millones en efectivo también fueron incautados de las cuentas de banco de Ponce, su esposa y su cuñada.
Análisis de InSight Crime
Guatemala aprobó una ley en 2010, que permite al gobierno confiscar los bienes de los criminales y utilizar las ganancias para pagar la capacitación y los equipos de la policía, los programas de protección de testigos y la lucha más amplia contra el crimen. La Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio fue creada en 2011 y una gran finca, que pertenecía al presunto narcotraficante Raymundo Fernando Rodríguez Pacay, se convirtió en la primera propiedad confiscada bajo la nueva legislación en enero de 2013.
Otto Pérez ha adoptado un enfoque fuerte frente al narcotráfico, después de llegar al poder en 2012, con la promesa de luchar contra el crimen con mano dura. Rápidamente, aprobó dos nuevas bases militares en el país y trabajó en conseguir ayuda militar de Estados Unidos, luego de 22 años de prohibición. Él ha ganado un mayor respeto de Estados Unidos como un jugador serio en la lucha contra el crimen organizado, pese a encabezar el llamado de los líderes de Latinoamérica para debatir sobre la legalización de las drogas. Estados Unidos ha aumentado su asistencia militar extranjera hacia Guatemala, de US$500.000 en 2012 a US$1,74 millones en el presupuesto de ayuda del Departamento de Estado para 2014.
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