Un informe de El Heraldo reveló que altos funcionarios de seguridad han detenido las investigaciones internas sobre una red de policías que presuntamente le vendió armas a un grupo guerrillero colombiano en los primeros años de la década del 2000, lo cual es un ejemplo más de corrupción institucionalizada dentro de la entidad.
En marzo de 2003, Estrada Izaguirre, un oficial de policía que había sido asignado al departamento de Choluteca, en el sur del país, envió un informe al director de la división de la Policía Preventiva de Honduras, en el que describía una red de criminales y policías que operaba en la zona, según una investigación de El Heraldo. Un ayudante del director de la Policía Preventiva le envió entonces una nota al jefe de otra división de la policía, solicitando una investigación sobre las denuncias de Izaguirre.
Ambos denunciantes fueron asesinados más adelante; Izaguirre fue asesinado sólo unos meses después de haber presentado la denuncia, y el ayudante en julio de 2007, informó El Heraldo. Ningún crimen ha sido resuelto.
El informe de Izaguirre también se refería al arresto de un piloto colombiano en Choluteca en el año 2002. Según El Heraldo, poco después de su arresto, el piloto admitió que había ido a recoger 88 fusiles AK-47 y un fusil M16 que habían sido incautados durante el arresto de un inspector de policía hondureño en mayo de 2001.
El piloto, que según los informes se encontraba en las reservas de la Fuerza Aérea Colombiana y era miembro del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), agregó que él y otros pilotos habían ido a Honduras varias veces a cambiar dinero y drogas por armas.
Un expediente del año 2003, basado en el informe de Izaguirre, que fue registrado inicialmente en 2010 y actualizado en 2016, al parecer muestra que algunos directores de la policía y al menos dos ministros de Seguridad sabían de la investigación, pero nunca le pasaron la información a la Procuraduría General de la República. Según El Heraldo, de los 30 funcionarios de la policía y oficiales de bajo rango implicados en el esquema criminal, por lo menos una docena siguen activos, entre ellos seis que se desempeñan como subcomisionados.
Por otra parte, una investigación interna iniciada en el 2004 con base en las afirmaciones de Izaguirre fue retirada por los agentes implicados entre 2004 y 2010, según informó el diario.
Análisis de InSight Crime
El informe de El Heraldo se asemeja a una explosiva investigación iniciada el año pasado, mediante la que se descubrió que una red de policías corruptos fueron los responsables del homicidio del zar antidrogas de Honduras en 2009, y del asesinato de su asistente en 2011. Según los informes, no hubo ninguna acción por parte de varios directores de la policía y ministros de Seguridad, en relación con las denuncias de actos criminales en ambos casos, por lo que parece ser que se trata de encubrimientos generalizados.
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Estos casos son un indicio de la corrupción institucionalizada dentro de la policía, que es sostenida por el sistema y no por funcionarios individuales. Es este tipo de corrupción el que las autoridades están intentando erradicar de la policía, pero sus esfuerzos ya han encontrado resistencias.
La investigación del año pasado fue el catalizador para la creación de una comisión de reforma de la policía, encargada de depurar a la institución de funcionarios corruptos y de conductas inadecuadas. La comisión ha demostrado ser sorprendentemente eficaz para investigar y expulsar a oficiales de alto y bajo rango. Pero su agresividad ha creado una reacción violenta, pues los miembros de la comisión han informado sobre un ataque el pasado mes de diciembre, y uno de ellos incluso fue objeto de un ataque el pasado mes de diciembre.
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