México no logrará detener la desenfrenada actividad del crimen organizado hasta que no haga frente a los vínculos entre las autoridades del país y los grupos criminales, y le ponga fin a la impunidad de quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, le dijo una defensora de justicia internacional al Congreso del estado de Guerrero.
Ina Zoon se refirió al mensaje de la unidad de proyectos de Justicia Penal de Open Society Foundations con relación a la crisis de seguridad generada por el crimen en México. El pasado 11 de agosto, ella le presentó a la legislatura de Guerrero el reciente informe de la fundación sobre posibles crímenes de guerra por parte del gobierno mexicano y el cartel criminal de Los Zetas, informó Proceso. Guerrero, donde se encuentra la turística ciudad de Acapulco, es uno de los lugares más violentos de México.
El diputado local Ricardo Mejía Berdeja mencionó las estadísticas oficiales, según las cuales la tasa de homicidios de Guerrero es de 67 por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio nacional es de 17.
En su discurso ante el Congreso del estado, Zoon habló sobre la impunidad de funcionarios que cometen abusos en su lucha contra el crimen y sobre la connivencia de los funcionarios con los grupos criminales. Ella propuso que algunos casos graves que han quedado sin resolver sean manejados en tribunales internacionales. Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, una ciudad de Guerrero, estuvieron presentes en el evento del Congreso. La deficiente investigación de ese caso se ha puesto como ejemplo de las consecuencias de la “narcopolítica”, es decir, de los nexos corruptos entre funcionarios y carteles de la droga.
El informe de OSF, titulado Undeniable Atrocities: Confronting Crimes Against Humanity in Mexico, [“Innegables atrocidades: confrontar los crímenes de lesa humanidad en México”], fue publicado en junio de 2016. En él se afirma que hay pruebas de que desde 2006, cuando comenzó la “Guerra contra las drogas” en México, se han cometido asesinatos, torturas y desapariciones forzadas de manera sistemática y a gran escala.
Zoon sostuvo que la estrategia de seguridad militarizada del gobierno contra las estructuras criminales —actualmente promovida por la administración del presidente Enrique Peña Nieto—no es suficiente para reducir los altos niveles de violencia en México: también debe orientarse hacia los funcionarios corruptos.
Análisis de InSight Crime
México ha estado bajo una creciente presión internacional tanto por violaciones de los derechos humanos en su guerra contra el crimen como por la complicidad de los funcionarios con los criminales. Esta semana, 69 diputados del Congreso de Estados Unidos firmaron una carta dirigida al secretario de Estado, John Kerry, “para expresar preocupación por la crisis de derechos humanos en México y la continua falta de justicia para miles de víctimas”.
En junio de 2016, Amnistía Internacional detalló el uso extensivo de la tortura por las fuerzas de seguridad durante las investigaciones, lo cual incluye la “violencia sexual que habitualmente se utiliza como tortura para obtener ‘confesiones’ de las mujeres”.
La intervención militar en asuntos de seguridad nacional en México no sólo ha fracasado en controlar la violencia criminal, sino que ha demostrado ser contraproducente. Además, la corrupción oficial y la impunidad que ésta genera han empeorado las cosas. Como Zoon señaló, es poco probable que el mero hecho de ir tras los principales criminales detenga la escalada de violencia en Guerrero.
SUSCRIBIRME