Las autoridades en México presuntamente usan la tecnología de vigilancia para espiar a activistas y críticos del gobierno, lo que plantea preguntas sobre la efectividad de las leyes y los mecanismos de veeduría en torno al uso de herramientas para ayudar a combatir el crimen.
En los últimos años, "al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí", informó New York Times.
El software de espionaje, conocido como Pegasus, es fabricado por una firma israelí llamada el NSO Group y se vende de manera exclusiva a gobiernos. Puede penetrar el teléfono inteligente de una persona para rastrear llamadas, leer textos y mensajes de correo electrónico y utilizar las funciones de micrófono y cámara para vigilancia.
Vendido bajo la premisa de que se usaría específicamente para el seguimiento de grupos criminales y terroristas, el New York Times halló que en lugar de eso las autoridades mexicanas presuntamente están usando el software Pegasus para espiar a "abogados de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción".
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Un estudio del Laboratorio Ciudadano de la Universidad de Toronto y de la organización no gubernamental mexicana Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), publicado el mismo día que el artículo del Times, parece respaldar los hallazgos del periódico. El estudio detalla más de 70 casos de espionaje contra periodistas y activistas de derechos humanos en México "con enlaces al marco de uso del NSO Group".
El uso del software de espionaje por parte del gobierno mexicano ha sido cuestionado anteriormente, pero el New York Times señaló que "no hay una prueba inequívoca de que el gobierno mexicano sea responsable" de los hechos de espionaje denunciados.
Sin embargo, aunque en la ley mexicana la vigilancia de las comunicaciones privadas solo puede autorizarla un juez federal, "varios exagentes mexicanos de inteligencia" declararon al New York Times que "la vigilancia ilegal es una práctica estándar".
Análisis de InSight Crime
Las denuncias de abuso de herramientas tecnológicas contra el crimen por parte de agentes mexicanos para espiar a opositores políticos suscita la inquietud de que una falta de control efectivo haya contribuido a la perversión de estas tecnologías potencialmente útiles con fines corruptos.
El uso de vigilancia con tecnología avanzada en ocasiones ha sido útil, como en la captura del exjefe del Cartel de Sinaloa Joaquín "El Chapo" Guzmán. Pero los expertos llaman cada vez más la atención sobre la laxitud de la implementación de leyes sobre vigilancia en toda Latinoamérica, que puede haber permitido que la tecnología de seguridad cibernética caiga en manos de agentes corruptos, ampliando de manera efectiva su capacidad de facilitar o cometer delitos.
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Por ejemplo, el expresidente panameño Ricardo Martinelli está acusado de ordenar que se vigilara ilegalmente a casi 150 opositores políticos y empresas durante su periodo en el poder, de 2009 a 2014, usando el mismo software Pegasus que se usó en México. Y en Colombia, miembros importantes de la administración del expresidente Álvaro Uribe fueron a la cárcel por la intervención telefónica ilegal a políticos de la oposición, jueces, activistas de derechos humanos y periodistas. Las prácticas de vigilancia electrónica del país suramericano también fueron cuestionadas en un estudio de 2015, que alegaba que Colombia había implementado un "sistema de vigilancia masiva en la sombra" con poca regulación, con ayuda de firmas estadounidenses, europeas e israelíes.
Lo preocupante es que las autoridades en México están intensificando el uso de tecnología de vigilancia electrónica. El número de interceptaciones telefónicas legales aprobadas por la Procuraduría General de la República en México aumentaron en casi 50 por ciento entre 2013 y 2016, y las autoridades han emitido miles de solicitudes a firmas de internet en ese periodo en las que piden información de usuarios. Aunque estas tecnologías pueden ser herramientas poderosas para la aplicación de la ley, en repetidas ocasiones funcionarios corruptos han abusado de ellas, una dinámica que según indica la experiencia previa será difícil de combatir para México.
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