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Autoridades de Perú combaten la minería ilegal mientras que la deforestación continúa

MINERÍA ILEGAL / 25 MAY 2017 POR LEONARDO GOI ES

En los últimos meses, Perú ha perdido cientos de hectáreas de selvas tropicales a causa de la minería ilegal, lo que pone de presente los daños ambientales causados por esta práctica ilegal y la incapacidad del gobierno para abordar el tema.

Entre septiembre de 2016 y mayo de este año, unas 460 hectáreas de selva tropical han desaparecido en el departamento de Madre de Dios, en el suroeste de Perú, a causa de la minería ilegal, informó El Comercio.

El área es parte de una zona de amortiguamiento que protege la Reserva Nacional Tambopata y durante mucho tiempo ha sido apetecida por los mineros ilegales debido a sus yacimientos de oro. Según Matt Finer, investigador de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA), la zona de amortiguamiento ha perdido alrededor de 4.440 hectáreas desde 2012 debido a la minería ilegal.

"Que esta evidencia [de deforestación] sirva para analizar las implicancias que tendría el proyecto de ley que busca retirar el delito de minería ilegal del crimen organizado" para la región, dijo Finer en un artículo de El Comercio.

En marzo de este año, Alejandra Aramayo, congresista del partido conservador Fuerza Popular, presentó una ley con la que se pretende eliminar la minería ilegal del conjunto de actividades que las autoridades persiguen por estar relacionadas con el crimen organizado.

La medida ha sido objeto de debate, pues otros miembros del Congreso argumentan que favorece a los mineros ilegales e incentiva la actividad criminal. Hasta un 50 por ciento de la economía local en Madre de Dios puede estar basada en la minería ilegal.

VER TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Perú

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Perú (SERNANP) ha pedido controles más estrictos en la zona de amortiguamiento.

Según José Nieto, director de la unidad de áreas protegidas del SERNAP, varias operaciones conjuntas entre los infantes de marina, la policía, la Fiscalía General y el SERNAP condujeron a una disminución en la minería ilegal en la reserva Tombopata, pero la deforestación aún abunda en la región.

Análisis de InSight Crime

Las recientes cifras sobre la deforestación en Madre de Dios ponen de relieve no sólo el daño ambiental causado por la minería ilegal, sino además la incapacidad del gobierno para detener estas dañinas actividades ilegales.

La deforestación es uno de los muchos problemas ambientales vinculados con la extracción ilícita de minerales. Un informe de 2016 del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) señala que varios cientos de habitantes de Madre de Dios pueden estar expuestos a niveles peligrosos de mercurio, un metal tóxico utilizado en la extracción ilegal de oro. Y en mayo de 2016, el gobierno peruano anunció 60 días de estado de emergencia en el departamento debido a la contaminación con el mercurio utilizado en la minería ilegal.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre minería

Las autoridades peruanas han enfrentado durante mucho tiempo la minería ilegal en el país. El gobierno introdujo leyes orientadas a intensificar las investigaciones sobre presuntos contrabandistas de oro y contra el blanqueo de capitales relacionado con la minería, y además promovió la formalización de mineros ilegales en el departamento de Madre de Dios. Pero las enormes cifras de deforestación permiten suponer que estos esfuerzos aún no han producido los resultados esperados.

Parte de las dificultades que han encontrado las autoridades se deben a los grandes beneficios que genera esta práctica ilegal. Un informe de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional descubrió que mientras que el precio de la cocaína es de US$2.000 por kilogramo, un kilogramo de oro vale US$35.000.

Además, la importancia económica del comercio ilegal de oro en la zona también ha demostrado ser un obstáculo frente a los esfuerzos por controlar la minería ilegal. Muchos habitantes del departamento de Madre de Dios, incluyendo el gobernador Luis Otsuka, se opusieron al estado de emergencia declarado en mayo del año pasado, quizá debido a que muchos ciudadanos dependen de esta actividad para su subsistencia. 

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