Un oficial del ejército colombiano afirma que se han hecho avances significativos en el despeje de minas antipersonal, pero el constante uso de estas por grupos criminales parece socavar los esfuerzos de remoción de minas y apunta hacia un incremento de víctimas en los últiimos años.
El comandante de la Brigada de Desminado Humanitario, coronel Hoover Yarley Ríos, informó recientemente sobre la destrucción de casi 7.000 minas antipersonal y otros artefactos explosivos por parte de sus hombres, según El Nuevo Siglo.
La Brigada ha incrementado continuamente sus recursos materiales y humanos, al pasar de unos 360 desminadores en 2011 a más de 4.500 en 2019. Y Yarley Ríos declaró a El Nuevo Siglo, que confía en ver “en un futuro no muy lejano una Colombia libre de la sospecha de contaminación por minas antipersonal”.
Sin embargo, caben razones para poner en duda ese optimismo. Los muertos y heridos por minas terrestres en el país han aumentado en los últimos años, con incrementos de 518 por ciento entre 2017 y 2019, según cifras de la Cruz Roja Internacional.
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La situación no deja ver mejoría para 2020. Los primeros seis meses del año mostraron un exiguo descenso de 7 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, pese a las fuertes restricciones al desplazamiento por la pandemia de coronavirus.
Además, las constantes amenazas de grupos criminales que usan las minas para proteger su territorio de rivales o de las autoridades ralentiza el avance en algunos departamentos. En septiembre, un video muy difundido mostró cómo miembros de las disidencias del Frente Adán Izquierdo de las ex-FARC Mafia, detuvieron y amenazaron a una cuadrilla de desminado en Tuluá, Valle del Cauca.
Como firmante del Tratado de Ottawa por la prohibición de minas antipersonal, Colombia se comprometió a limpiar el país de minas terrestres para 2021, pero el gobierno presenta retrasos importantes en esta meta y ha solicitado extenderlo hasta el 2025.
Análisis de InSight Crime
Aunque los esfuerzos del gobierno han logrado avances contra las minas ya plantadas en Colombia, varios actores criminales están resembrando minas, lo que dificulta el cumplimiento de plazos a los desminadores, que son blanco de amenazas cada vez más acuciantes.
Algunos de los actores criminales que están replantando minas son el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los Urabeños, según un informe reciente de Pares.
Los dos grupos mantienen una guerra por el control del territorio en el departamento de Chocó desde la desmovilización de las Fuerza Aarmadas Revolucionarias de Colombia, y ambos han sido señalados de plantar minas para impedir que el bando contrario avance en su territorio.
El año pasado, las autoridades decomisaron cerca de 600 minas terrestres a Los Urabeños en Chocó. Si estas se hubieran plantado, habrían revertido más del 8 por ciento de los logros de desminado del gobierno desde 2004.
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El aumento de los cultivos de coca también es culpable del incremento de las pérdidas civiles por causa de las minas. Como sucedía anteriormente, hay una correlación muy fuerte entre la colocación de minas terrestres y las plantaciones de coca. En el primer semestre de 2020, el 78 por ciento de las víctimas de estos artefactos se concentraron en cuatro departamentos de Colombia: Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Cauca.
Estos son también los departamentos con mayores volúmenes de plantaciones de coca, y hay informes de que se han plantado nuevas minas terrestres para impedir las campañas en curso de erradicación de la hoja de coca.
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