Las bandas criminales neoparamilitares son la mayor amenaza para los colombianos que están tratando de recuperar tierras robadas, según la ONG estadounidense Human Rights Watch, aunque estos grupos de nueva generación a menudo trabajan en nombre de intereses criminales mayores.
Un nuevo informe de Human Rights Watch (HRW, por sus siglas en inglés): “El riesgo de volver a casa”, establece que si bien es difícil decir con certeza quién está detrás de las amenazas y homicidios de los defensores de los derechos de tierras, ya que no ha habido casi ningún juicio, la evidencia apunta fuertemente a que son los grupos sucesores de los paramilitares los principales culpables. HRW identifica a los Urabeños, la organización criminal más poderosa de Colombia, como el grupo sospechoso de haber realizado la mayor cantidad de abusos.
Aunque las autoridades han hecho progresos considerables, capturando a los líderes de los grupos sucesores, no han "(…) podido contrarrestar significativamente el poder de los grupos sucesores de los paramilitares (…)", señala el informe. Tampoco han acusado a alguien por las cientos de amenazas denunciadas por las víctimas, a veces ignorando las denuncias o no contactando a las víctimas después de archivada la denuncia. De los 49 casos de asesinatos de líderes y reclamantes de tierras que están siendo investigados por la Fiscalía General, para agosto de 2013 sólo se habían asegurado ocho condenas, y en más de dos tercios de los casos ningún sospechoso había sido acusado. De los juicios, sólo se han obtenido condenas en menos del 1 por ciento de las 17 mil investigaciones judiciales de los desplazamientos forzados, informó la Associated Press.
Análisis de InSight Crime
El control sobre las tierras en Colombia y sus ricos recursos siempre han sido una parte central del antiguo conflicto en el país, evidenciado por el gran número de desplazados internos en el país –con más de cinco millones, es la población de desplazados internos más alta del mundo–. Los grupos paramilitares creados o contratados por los narcotraficantes, terratenientes y las grandes empresas fueron responsables de gran parte del desplazamiento forzado. Esos intereses poderosos de los que se valían los paramilitares para apoderarse de tierras ilegalmente y luego protegerla, todavía existen hoy en día, y como era de esperar, todavía están dispuestos a utilizar métodos ilegales para mantener su control.
Los grupos surgidos de la desmovilización de los paramilitares, conocidos como BACRIM (bandas criminales) son ahora organizaciones híbridas, combinando facetas del paramilitarismo con estructuras y operaciones criminales más mafiosas, y sus principales nichos son el narcotráfico y otras actividades criminales como la extorsión y la minería ilegal.
No obstante, ya que en gran medida surgieron de las redes paramilitares que las precedieron, en muchas áreas mantienen los vínculos con las elites económicas que trabajaron codo a codo con los paramilitares y siguen protegiendo sus intereses. Como señala HRW, las BACRIM son contratadas por poderosos terceros, de la misma manera en que eran contratados los paramilitares, y se han convertido en la principal herramienta de las élites criminales regionales para combatir las pretensiones sobre las tierras robadas que se encuentran en su poder.
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