Bandas camaroneras roban, extorsionan y matan en Ecuador

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Los continuados robos, extorsiones, asaltos e incluso asesinatos de camaroneros por parte de bandas armadas en Ecuador han llevado al sector a hacer un nuevo llamado para que se introduzcan reformas a las políticas de armas, como una manera de controlar a los grupos criminales que se aprovechan de esta lucrativa industria.

El 3 de diciembre, representantes de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) de Ecuador declararon en una conferencia de prensa que, en los últimos tres años, diversos grupos criminales han asesinado a siete camaroneros, herido a otros 60 y robado camarones y equipos por valor de más de US$2,5 millones, según un comunicado de prensa de la CNA.

Frente a la incapacidad de las autoridades de proteger a los trabajadores del sector camaronero, los representantes de la CNA pidieron al gobierno de Ecuador y a la Asamblea Nacional que flexibilicen la Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios y rebajen el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) —mediante el cual se cobra un impuesto del 300 por ciento sobre las compras de armas de fuego y municiones—, con el fin de facilitar a los camaroneros la adquisición de armas para defenderse.

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Durante años, criminales armados que se transportan en barcos han secuestrado buques camaroneros en el mar para robarles sus pescas, equipos y motores; a su vez, los vehículos que transportan camarones en tierra han sido detenidos y robados tras ser amenazados con pistola, según un artículo publicado en enero por El Universo. Las zonas críticas han sido el Golfo de Guayaquil y el Archipiélago Jambelí, pero existen pequeñas granjas camaroneras que también han sido asaltadas por ladrones armados; asimismo, los criminales suelen extorsionar a los trabajadores de esas granjas camaroneras, exigiéndoles pagos mensuales.

En efecto, todo el sector camaronero está siendo atacado, lo que obliga a la industria a invertir US$60 millones anuales en la protección de sus negocios. Sin embargo, si bien las cámaras de vigilancia y las empresas de seguridad privada suelen ser efectivas, las pequeñas y medianas empresas no pueden permitirse esos lujos. Para empeorar las cosas, la mercancía robada suele ser revendida a las víctimas a altos costos.

Análisis de InSight Crime

En toda América Latina, las víctimas de la inseguridad y la violencia criminal suelen recurrir a la autodefensa, demandando más flexibilidad en las leyes sobre armas. Sin embargo, en países como Brasil, Panamá, Honduras y Perú hay evidencias de que la flexibilidad en las leyes que regulan la tenencia de armas suele dar pie a un aumento de la violencia, dado que los criminales pueden acumular arsenales de manera legal.

Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) publicado en 2015 señalaba que las armas de fuego traficadas en Ecuador llegan no solo a las empresas de seguridad privada y a las granjas camaroneras, sino también a los delincuentes del país, y si bien debe haber un mayor control de los robos, es poco probable que revertir la tendencia de la disminución de las incautaciones de armas de fuego en Ecuador sea una solución eficaz.

En teoría, lo que se debería hacer es reforzar la acción gubernamental; sin embargo, a pesar de que la industria camaronera de Ecuador es la segunda más grande del mundo y el camarón es el segundo producto de exportación del país, ha faltado control de las autoridades. Desde 2016, la Marina y la Guardia Costera de Ecuador han implementado el plan “Rutas Seguras”, mediante el cual patrullan una serie de corredores marítimos a través de los cuales los pescadores pueden moverse con seguridad.

Según el sitio web de la CNA, actualmente existen 12 Rutas Seguras en el Archipiélago Jambelí y 24 en el Golfo de Guayaquil. Quienes estén interesados en el servicio pueden obtener una escolta de la Guardia Costera llamando a cierto número y especificando cuándo y dónde requieren la escolta. Sin embargo, aunque las autoridades afirman que las rutas han sido muy efectivas, y los robos se han reducido drásticamente, los pescadores de los ríos cercanos se han quejado de que no reciben protección.

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Esto pone de relieve el problema fundamental: la Marina no puede garantizar la seguridad por fuera de las pocas rutas seguras. El plan tampoco ha puesto fin a la violencia y el robo contra el sector camaronero; y en 2019, cuando las exportaciones de camarón de Ecuador alcanzaron un récord de US$3,65 mil millones, según las estadísticas de la CNA, a los representantes de dicho organismo se les concedió una reunión para discutir el tema con el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

Sin embargo, las medidas propuestas fueron anuladas en mayo de 2020, cuando a los escoltas de seguridad se les ordenó detenerse y los buques de la Armada debieron permanecer temporalmente anclados al descubrirse que las Fuerzas Armadas de Ecuador no habían renovado su seguro. Los retrasos en el pago de la cuota final de US$1,1 millones se le achacaron al Ministerio de Hacienda, así como a los recortes del presupuesto de las Fuerzas Armadas.

Esto ocurrió justo cuando una flota pesquera china amenazaba la soberanía marítima ecuatoriana cerca de las Islas Galápagos. Las patrullas estuvieron inactivas durante varias semanas hasta que se realizó el pago y se pudo reanudar el plan “Rutas Seguras” No obstante, el literal grito de guerra del sector camaronero indica que el problema sigue sin resolverse.

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