¿Quién no quisiera una lujosa mansión, una gran piscina y un túnel de huida a un precio inferior a su valor en el mercado? El gobierno de México está subastando propiedades, joyas y vehículos incautados a los narcotraficantes, pero ha tenido dificultades para encontrar compradores.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha realizado tres grandes subastas este año en Los Pinos, la antigua residencia presidencial en Ciudad de México, pero en todas ellas ha habido dificultades para lograr los objetivos.
Las tres subastas han generado menos ingresos de lo esperado. En mayo, durante la primera subasta, el gobierno esperaba recibir US$1,5 millones por la venta de 82 autos de lujo blindados, pero solo reunió US$1,3 millones. En la subasta de bienes raíces en junio, las autoridades calculaban que las propiedades les dejarían US$9 millones, pero recibieron un poco menos de US$3 millones. Finalmente, en la más reciente subasta, realizada en julio, en la que se vendieron joyas principalmente, las predicciones de US$1,5 millones se quedaron cortas y solo se obtuvieron cerca de US$542.000.
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Como ejemplo, de las 27 propiedades incautadas que se han subastado hasta el momento, solo nueve fueron vendidas y apenas cuatro de ellas por un precio superior a su valor inicial de lista.
En mayo, López Obrador estimó que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (IDPR), organismo encargado de supervisar las subastas, podría distribuir cerca de US$63 millones en proyectos sociales este año, pero esta cifra se podría ver reducida significativamente.
Algunos bienes que no se vendieron no volverán a ser subastados. El gobierno decidió convertir la hacienda que perteneció al suegro del líder de Los Zetas, Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, situada en las afueras de Ciudad de México, en una institución educativa para jóvenes.
Análisis de InSight Crime
La idea de usar los bienes incautados a los narcotraficantes para recaudar fondos para programas sociales es buena en teoría, pero el gobierno no había tenido en cuenta el grado de temor que existe entre los mexicanos frente a los grupos criminales".
"[Hay] temor a las represalias, pero ya tiene tanto tiempo que la gente debe de estar consciente [de] que eso ya pasó, ya no debe haber problema," dice un participante de una de las subastas, en una nota de El Informador.
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Muchas de las propiedades en subasta pertenecieron a algunos de los más infames criminales de México. Entre estas se encuentra el apartamento donde fue asesinado el líder de la Organización Beltrán Leyva, Arturo Beltrán, así como las casas de Francisco Arellano Félix, exintegrante del Cartel de Tijuana; del exlíder del Cartel del Golfo, Mario Ramírez; y de Raúl Flores, el supuesto operador financiero del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los precios iniciales establecidos por el gobierno para las propiedades en subasta iban desde US$11.300 hasta US$1.682.000, considerablemente inferiores a los valores en el mercado.
No obstante, en la región existen ejemplos exitosos de este tipo de subastas. Brasil ha sido más organizado, pues creó un organismo especial dentro del Ministerio de Justicia, encargado de supervisar las subastas, comunicarse con los compradores y distribuir las ganancias, a la vez que busca minimizar los trámites burocráticos y agilizar las ventas, destinando las ganancias a programas de lucha contra las drogas.
Y aunque el gobierno de Brasil deja claro que las propiedades subastadas fueron incautadas a los traficantes, no hace tanto énfasis en ello como sí se hace en las subastas de AMLO para iniciar las ventas.
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