A pocas horas de terminar el 2019, unos 300 hombres armados incursionaron en una pequeña población del municipio de Bojayá en Chocó, al noroccidente de Colombia, un lugar al que parece haber regresado la violencia de principios de siglo por cuenta del control del narcotráfico.
El pasado 31 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo, la comunidad del corregimiento de Pogue, en Bojayá, denunció el confinamiento de 121 familias a orillas del río Atrato por parte de unos 300 hombres armados del grupo paramilitar conocido como Los Urabeños, según reportó el diario El Espectador.
La denuncia fue confirmada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ese mismo día, la cual aseguró que esta sería solo una de varias comunidades que se encuentran amenazadas por Los Urabeños en la región del medio y bajo Atrato en Chocó, incluyendo territorios como Jiguamiandó.
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En conversación con W Radio, Luis Murillo, defensor regional del pueblo en Chocó, aseguró que las comunidades afectadas permanecieron incomunicadas por varios días con el temor de ser reclutados de manera forzada por este grupo.
En respuesta a este episodio, la Séptima División del Ejército envió cerca de 100 uniformados a Pogue para reforzar la seguridad en la zona, según informó a El Tiempo el ministro del interior encargado, Daniel Palacios.
Análisis de InSight Crime
Este nuevo episodio en Bojayá se enmarca en la disputa por el control de una zona estratégica para el narcotráfico, que desde hace meses sostienen el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los Urabeños bajo un contexto de violencia y abandono estatal que recuerda la tragedia que azotó a esta comunidad hace 18 años.
En al menos tres oportunidades durante 2019, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la inminencia de un hostigamiento a las comunidades de Bojayá por parte de Los Urabeños como respuesta a la expansión del Frente de Resistencia Cimarrón del ELN.
Según la entidad, desde el 2018 el ELN venía subiendo desde las subregiones del Alto y Bajo Baudó hacia los territorios que conforman la costa Pacífica chocoana en el Medio y Bajo Atrato para disputarle a Los Urabeños el control territorial de la zona.
La importancia de este municipio para ambos grupos armados estaría en dos rutas para el trasiego de droga que cruzan Bojayá y sus alrededores.
La primera es el río Bojayá, que va de oriente a occidente y conecta al municipio de Vigía del Fuerte, en el departamento de Antioquia y el centro del país, con Bahía Solano, municipio que en Chocó sirve como puerto para el envío de cocaína y la entrada de armas por el océano Pacífico.
Así mismo, el municipio es atravesado de sur a norte por el río Atrato, el cual sirve como ruta para mover droga desde el sur del departamento hasta municipios como Ríosucio y Carmen del Darién en Chocó, los cuales tienen salida hacía Panamá al norte y al mar Caribe al noreste.
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Esta posición estratégica ha sido históricamente un dolor de cabeza para las comunidades de Bojayá.
En 2002, 79 personas murieron luego de una masacre que ocurrió tras la explosión de una pipeta sobre la iglesia del municipio en medio de una confrontación entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los paramilitares por el control de la zona.
Las medidas que hasta el momento ha anunciado el gobierno nacional incluyen el aumento del pie de fuerza militar, la entrega de alimentos para las comunidades afectadas y la adecuación del puesto de salud del corregimiento de Pogue.
Sin embargo, todas estas son a corto plazo y resultan insuficientes para subsanar el abandono estatal en el que permanece sumido el municipio a falta de una propuesta integral de servicios institucionales por parte del Estado.
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