Un decreto presidencial que la otorga amnistía a narcotraficantes de poca monta y a otra población carcelaria con condiciones especiales es un paso más que necesario para una reforma penitenciaria en Bolivia. Sin embargo, se queda corto en ofrecer una solución general para el problema de sobrepoblación carcelaria y de condiciones inhumanas en las cárceles.
Aduciendo cuestiones humanitarias relacionadas con el hacinamiento en las cárceles, el Congreso de Bolivia aprobó la expansión y extensión de un decreto presidencial que permitirá la liberación de ciertos tipos de presos, como ancianos, enfermos terminales, adolescentes y mujeres embarazadas. Según La Razón, el decreto también extiende el indulto a prisioneros que han cometido el delito de narcotráfico por primera vez y a pequeña escala, y que hayan cumplido al menos una cuarta parte de su sentencia.
Las autoridades penitenciarias estiman que cerca de 1.300 internos se beneficiarán de la medida del indulto.
Esta reciente medida para acelerar la liberación de poblaciones carcelarias especiales no es un nuevo decreto presidencial; técnicamente es una extensión del decreto presidencial de 2014, que ahora es efectivo hasta junio de 2016. Además, aunque la medida original les permitía a los prisioneros por drogas solicitar una pronta liberación, siempre y cuando se tratara de su primera ofensa y tuvieran penas de ocho años o menos, la extensión recién aprobada amplía ese beneficio a los condenados por drogas con sentencias de hasta 10 años.
El decreto excluye específicamente la liberación de prisioneros políticos o de aquellos condenados por crímenes más serios como asesinato, robo agravado, secuestro y contrabando. La medida de indulto coincide deliberadamente con la visita del Papa Francisco al país este mes, y presuntamente ha estado en preparación desde mayo de este año.
Análisis de InSight Crime
Cualquier novedad sobre una reforma penitenciaria en Bolivia es una buena noticia. Durante mucho tiempo, la sobrepoblación, la violencia y la corrupción han sido características del sistema carcelario de Bolivia. Pero pese a la muestra de buena voluntad, el decreto del presidente Morales sigue siendo una medida de corto plazo más que una solución a largo plazo para el hacinamiento. Finalmente, un solo decreto ejecutivo no sustituye a una solución política integral, sustentada en la legislación boliviana.
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Se necesitarán más medidas para solucionar problemáticas como el hacinamiento en las cárceles, ya que es un asunto estrechamente ligado a grandes fallas generales del sistema judicial boliviano, como la saturación en las cortes. Según datos del Centro Internacional para Estudios Penitenciarios, los presos en detención preventiva conforman el 83 por ciento de la población carcelaria en Bolivia. Las directrices judiciales, los protocolos de detención preventiva, y sobre todo, los niveles de financiación son ámbitos que requieren actuación política si los legisladores bolivianos están considerando seriamente una reforma carcelaria exhaustiva.
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