Bolivia está investigando a 50 funcionarios judiciales y policiales por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales juramentadas, un paso positivo contra la corrupción -uno de los factores que contribuyen a la vulnerabilidad del país frente al crimen organizado-.
Nardi Suxo, la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de Bolivia, ha identificado 20 fiscales, 18 jueces y 12 agentes policiales que han trabajado en casos de corrupción y tráfico de drogas y que tienen declaraciones patrimoniales sospechosas, informó El Deber. Las declaraciones han sido remitidas a la Fiscalía General para que los individuos en cuestión puedan ser investigados por malversación de fondos y por la falsificación u omisión de información en sus declaraciones de activos.
La Razón informó que, en un caso que actualmente se encuentra bajo investigación, un coronel de la policía habría acumulado cerca de US$145.000 en activos durante un lapso de diez años, con un salario mensual cercano a US$400. En su declaración de bienes el funcionario informó de la compra de cinco propiedades, pero omitió la compra de dos más.
En respuesta al reciente anuncio del presidente Evo Morales sobre un referéndum para reformar el sistema judicial de Bolivia, el jefe de la Delegación de la Unión Europea (UE) en Bolivia afirmó que aún "hay mucho que hacer en cuanto a la administración de justicia en el país" y señaló varias cuestiones, incluyendo “el problema de acceso, calidad, demora y por sobre todo, corrupción por influencias económica y política en el sistema de justicia”.
Análisis de InSight Crime
La corrupción en el sistema judicial y en la policía de Bolivia no es nada nuevo, pero las investigaciones iniciadas por Suxo podrían representar un mayor esfuerzo para abordar el problema.
Cuando InSight Crime realizó investigaciones de campo en Bolivia el año pasado, fuentes judiciales, de la policía y del hampa afirmaron que elementos de la policía trabajan con los traficantes de drogas, mientras que algunos abogados de defensa criminal afirmaron que los jueces y fiscales cobran entre US$20.000 y US$50.000 por dejar en libertad a presuntos delincuentes. En uno de los casos de corrupción de más alto perfil del país, en 2011, el exgeneral René Sanabria, otrora zar antidrogas de la policía de Bolivia, fue condenado por un tribunal de Estados Unidos a 15 años de prisión por contrabando de cocaína.
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En lo que podría ser otra señal de que Bolivia está intensificando su lucha contra la corrupción, el 5 de enero Morales anunció un referéndum diseñado para erradicar la corrupción del sistema judicial. En este contexto, las observaciones formuladas por la delegación normalmente reticente de la UE en Bolivia podrían interpretarse como un señal de apoyo a los esfuerzos para reformar el sistema judicial del país. La UE es un donante importante para Bolivia -en 2013 se comprometió con más de US$33 millones en ayuda antidroga- y está interesada en la lucha de Bolivia contra la corrupción, pues la capacidad de cooptar a la policía y el poder judicial aumentan la vulnerabilidad que tienen los países a los grupos de traficantes de drogas.
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