Un motín que dejó cuatro muertos en una prisión, y la fuga de cuatro presos de otra cárcel, han vuelto a encender el debate sobre la forma de abordar la reforma penitenciaria en Bolivia.
El 14 de septiembre, un motín entre bandas rivales de prisión, que tuvo lugar en una penitenciaría en el departamento de Cochabamba, dejó cuatro muertos y 11 heridos. Tres días más tarde, un segundo motín estalló en la prisión después de que la policía intentara entrar y confiscar armas y otros materiales prohibidos.
En reacción a estos disturbios, la Defensoría del Pueblo de Bolivia pidió al Ministerio de Justicia activar un "plan de seguridad" dentro de la penitenciaría. La Fiscalía General luego arrestó al jefe regional de penitenciarías de Cochabamba, acusándolo de participar en una banda que cobraba a los internos por el acceso a mejores celdas. Esta misma persona inicialmente negó que un segundo motín hubiera ocurrido en la cárcel de El Abra.
Más recientemente, las autoridades anunciaron que cuatro presos habían escapado de la cárcel de San Pedro en La Paz, sólo 24 horas después de una inspección policial, atando frazadas y sábanas que usaron como cuerdas para descender por las paredes externas de la prisión. Según las autoridades, dos de los presos que se fugaron eran ciudadanos peruanos y uno presuntamente estuvo vinculado con el grupo guerrillero peruano Sendero Luminoso, informó La Razón.
A raíz de estos recientes brotes, la ministra de Justicia Elizabeth Gutiérrez ha señalado que se debe investigar a los agentes de la policía encargados de la vigilancia e inspección en las cárceles en el país.
Análisis de InSight Crime
Así como en otros países de Latinoamérica, las prisiones de Bolivia a duras penas son controladas por las autoridades, están sobrepobladas y carecen de financiación.
El presidente Evo Morales implementó recientemente una política que pretende aliviar el hacinamiento carcelario, la cual consiste en ofrecer indultos a los criminales de bajo nivel cuyos casos aún no hayan sido resueltos por el sistema de justicia o que estén condenados a penas inferiores a los ocho años. El director del Régimen Penitenciario de Bolivia señaló que la política, que comenzó a ser implementada en septiembre de 2013, ha beneficiado a más de 800 personas. El decreto que permitió la implementación de la medida fue renovado recientemente y se espera que beneficie a casi mil presos más.
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Por el momento, seguir sacando a los criminales de poca monta de las prisiones de Bolivia podría ser la estrategia más viable. Lo que está claro es que si el país sigue descuidando el tema, las autoridades se seguirán arriesgando a la posibilidad de más motines con cifras incluso superiores, como un caso del año pasado en el que murieron más de 30 prisioneros.
Si bien la violencia carcelaria es un problema grave en Bolivia, un país con una tasa de homicidios relativamente baja entre la población general, ésta es opacada por la de lugares como Venezuela. Para poner la situación en perspectiva: mientras que en Bolivia 56 presos fueron asesinados entre 2000 y 2008, más de 400 fueron asesinados en las cárceles venezolanas sólo en 2011.
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