Los cultivadores de coca en Bolivia han expresado su apoyo a los planes del gobierno de gravar la producción de la hoja de coca, pero la medida potencialmente podría desplazar una mayor cantidad de coca al mercado ilegal de las drogas, en el cual los productores pueden obtener un mayor beneficio.
Los cocaleros de Cochabamba y Yungas de La Paz, sedes de dos de los mercados legales de coca en Bolivia, han declarado que están abiertos a pagar impuestos sobre la producción de coca, informó La Razón. Según el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, la tasa impositiva aún no ha sido determinada y será decidida en las futuras reuniones con los productores de coca. Sin embargo, La Razón indicó que es probable que se ubique entre los 29 y 73 centavos de dólar por cada bolsa de 50 libras de hoja de coca.
Cáceres señaló que el gobierno modificará la ley que regula la producción de coca para incluir el impuesto, y que los ingresos recaudados serán utilizados para financiar la lucha contra el narcotráfico. También afirmó que el gobierno sería el anfitrión de un congreso nacional para volver a determinar la cantidad de hectáreas de coca que pueden ser cultivadas legalmente en Bolivia (actualmente un máximo de 12.000 hectáreas).
Análisis de InSight Crime
Aunque el impuesto propuesto podría ayudar a financiar los esfuerzos de interdicción, también podría tener un efecto secundario indeseado: un incremento en la cantidad de coca legal que terminaría en el mercado ilegal. Los traficantes de drogas ya ofrecen a los cocaleros un precio más alto por su producto, y un impuesto sobre la hoja de coca producida legalmente podría generar un incentivo económico adicional para que los productores vendan su producto en el comercio ilegal de drogas.
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El país actualmente permite el cultivo legal de 12.000 hectáreas de coca para usos tradicionales, pero el gobierno ha propuesto aumentar esa cifra a 20.000 hectáreas. Sin embargo, según una encuesta del gobierno sobre el uso de la coca publicado en 2013, actualmente sólo se necesitan 14.705 hectáreas para satisfacer la demanda legal de la planta. El más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) determinó que el año pasado Bolivia cultivó un total de 23.000 hectáreas de coca, es decir 8.000 hectáreas por encima de la cantidad necesaria para satisfacer la demanda legal.
En Bolivia los cocaleros cuentan con una gran influencia política, y su apoyo a los planes de gravar la coca es crucial para que la política avance. Si los cocaleros retiran su apoyo, el impuesto podría resultar políticamente costoso sin generar muchos ingresos de impuestos. Tomando como base la cantidad de hoja de coca vendida en el mercado legal en 2012 y la tasa impositiva propuesta, los impuestos sólo terminarían generando entre US$220.000 y US$560.000 al año.
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