Bolivia ha promulgado la primera ley de armas, la cual es poco probable que tenga un impacto dramático en la ya baja tasa de homicidios del país, pero al menos, proporcionará herramientas al Estado para combatir el tráfico de armas.
La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados se aprobó el 18 de septiembre –cuatro años después de haber sido propuesta por primera vez en 2009– informó El Diario, y establece los límites estrictos sobre quién puede tener un arma.
La legislación establece un plazo de seis meses para que los propietarios de armas registren o entreguen las armas antes de ser sometidos a una sentencia de un máximo de seis años en prisión por tenencia ilegal o cinco años por posesión ilegal, con sentencias más largas para armas de uso militar, señaló Los Tiempos. Asimismo, establece una pena máxima de 30 años para cualquier miembro de las fuerzas de seguridad capturado por tráfico de armas.
Además de regular las armas, la ley permite la producción de "cualquier tipo" de arma, a petición de las fuerzas armadas o la policía, con la aprobación de los ministerios de Gobierno y Defensa, informó La Razón.
Aunque no existen cifras oficiales sobre la propiedad civil de armas, el observatorio internacional de armas de fuego Gun Policy reporta que hay unas 260.000 armas de fuego en manos de civiles en circulación, legales e ilegales.
Análisis de InSight Crime
Si bien las estadísticas de homicidios con armas no están disponibles en Bolivia, según el “Informe sobre seguridad ciudadana en las Américas” de 2012 de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el país tiene la cuarta tasa más baja de homicidios intencionales en Latinoamérica continental –detrás de Chile, Argentina y Uruguay– con base en cifras de 2010. No obstante, como señaló la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en su “Estudio global sobre homicidios” de 2011 (en inglés), la tasa de homicidios en Bolivia ha aumentado en los últimos años –de 6,5 por cada 100.000 habitantes en 2005 a 8,9 en 2010, mientras que las más reciente cifras dadas a conocer por el gobierno registraron una tasa de 11 por cada 100.000 habitantes–.
Pese a que la introducción de una nueva ley de armas estricta ubica a Bolivia a la vanguardia de la legislación de armas –un tema relevante en los dos países más violentos de la región: Honduras y Venezuela– la investigación sugiere que dicha legislación por sí sola no garantiza una reducción de la violencia armada.
Pero, al menos introducirá un marco jurídico para combatir el tráfico de armas, que en el pasado ha estado vinculado tanto a las fuerzas de seguridad bolivianas como a grupos extranjeros. En este sentido, es particularmente notable que la nueva ley establezca penas duras para el tráfico de armas llevado a cabo por las fuerzas de seguridad, las cuales tienen una reputación de corrupción endémica y han estado vinculadas al crimen organizado.
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