Una investigación realizada en Bolivia halló que la mayor parte de casos de trata de personas queda impune en el país, lo que pone en evidencia la necesidad de que el gobierno atienda la ineficacia de las leyes y la falta de recursos para asistencia a las víctimas.
La defensoría del pueblo en Bolivia denunció en un informe publicado en enero que más del 71 por ciento de las víctimas de trata no recibieron atención ni protección del gobierno en los últimos dos años, lo que las pone en riesgo de ser víctimas de nueva explotación en el futuro.
En 2019, las autoridades registraron 299 casos de trata de personas, una caída en relación con los 465 de 2018, según el informe.
Un número desproporcionado de las víctimas son pobres, indígenas y residentes de zonas rurales. La mayoría fueron explotadas sexualmente o por medio de trabajo forzado en los sectores minero, agrícola y pecuario, indicó el informe. La explotación sexual, especialmente de mujeres y jóvenes, es común a escala nacional, pero en ocasiones puede extenderse a redes internacionales que operan con países incluyendo Chile y Brasil.
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Ha habido algunos intentos de cooperación internacional. En enero, la Fiscalía General de Bolivia solicitó ayuda del gobierno malasio en la investigación de un caso en el que una mujer de Bolivia había sido forzada a viajar a ese país. "Yo no quería venir", le escribió en un mensaje de texto a su madre, "me trajeron, me dijeron que si no venía me iban a matar".
Después de pasar años en la “lista de observación” del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en 2018 Bolivia, junto con otros 21 países, bajaron de categoría por no cumplir con los estándares internacionales mínimos de lucha contra la trata de personas.
En 2019, el país recuperó su lugar en la “lista de observación” después de algunos avances básicos en la investigación y condena de traficantes.
Análisis de InSight Crime
El reciente informe de la Defensoría del Pueblo demuestra que Bolivia sigue fallando en la ayuda a las víctimas de trata por tres razones claves.
La primera es que, aunque el país tiene en vigor casi dos docenas de leyes para combatir diversas formas de trata de personas, los expertos señalan que su implementación es muy deficiente e incluso se ha olvidado. Por ejemplo, cada uno de los nueve departamentos en que se divide Bolivia debe crear un plan de acción contra la trata de personas, pero La Paz y Pando carecen de uno.
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Entretanto, otras leyes tienen una redacción tan general que son difíciles de seguir. El medio de noticias local Página Siete señaló que, por ejemplo, una ley no especifica si el gobierno o los agresores son responsables de reparar a las víctimas, o si la reparación debe darse en forma de pago directo o compensación de servicios psicológicos.
La segunda es que Bolivia ofrece pocos recursos a las víctimas de trata de personas, lo que las hace más propensas a volver a caer en situaciones de explotación en el futuro. Actualmente, el país solo cuenta con seis centros de acogida de víctimas. En su informe, el defensor recomendó que los funcionarios trabajaran en la apertura de más centros en zonas del país desatendidas.
La tercera, la trata de personas es uno de los delitos más dificiles de vigilar y llevar ante la ley, en parte porque adopta tantas formas y afecta a los segmentos poblacionales más vulnerables y sin voz. Con frecuencia, las víctimas no saben que lo son, o temen que denunciar el crimen les acarreará consecuencias.
En Bolivia, por su condición de "país de tránsito" con amplias zonas rurales sin presencia estatal, estos desafíos básicos no hacen más que exacerbarse y requieren que el gobierno mejore las medidas vigentes.
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