Bolivia y Uruguay implementarán nuevos marcos legales para la lucha contra el narcotráfico, un reflejo de un patrón regional entre los gobiernos hacia la revaluación de sus políticas antidrogas.
En la última semana en Bolivia, altos funcionarios pusieron en discusión pública el paquete legal que reemplazará la actual Ley 1008, contra la droga, que ha sido objeto de críticas recurrentes por su rígido enfoque de tolerancia cero. El presidente Evo Morales anunció que derogaría la Ley 1008 para reemplazarla con dos proyectos de ley diferentes: uno para la hoja de coca y otro para la cocaína, informó EFE.
El viceministro de defensa social y sustancias controladas, Felipe Cáceres, añadió que las nuevas medidas legales definirían sentencias diferentes según los delitos relacionados con narcóticos, informó Los Tiempos. Esto equivaldría a un cambio radical respecto a la Ley 1008, que desconoce el grado del delito y el rol específico del infractor dentro de una organización criminal.
En Uruguay, el gobierno anunció que su nuevo “Plan Integral de Lucha Contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado” se había presentado formalmente al parlamento.
De ser aprobado, el plan implementará una sentencia de prisión mínima de dos años para cualquiera que sea capturado por la producción o el tráfico de sustancias ilícitas. Los productores legales de cannabis dentro del proyecto de ley de la marihuana en Uruguay, personas que lleven hasta 40 gramos de marihuana o que cultiven hasta seis plantas de cannabis en sus casas quedarán exentos de la sentencia mínima, informó El País.
Análisis de InSight Crime
Las nuevas medidas legales propuestas en Bolivia y Uruguay refuerzan la tendencia regional de revaluación de políticas antidrogas en varios países, pero las razones detrás de las reformas son diferentes en los dos países.
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En Bolivia, la propuesta del presidente Evo Morales se ajusta a su política de vieja data de diferenciar entre el cultivo de coca y la producción y el tráfico de cocaína. Kathryn Ledebur, directora de la Red Andina de Información (AIN), comentó a InSight Crime que aunque la sustitución de la Ley 1008 es una vieja promesa de campaña de Morales, se ha postergado bastante debido a los años de negociaciones extendidas sobre la ley entre el gobierno, los cultivadores de coca y otros actores nacionales.
Además de diferenciar entre coca y cocaína, la eliminación de la Ley 1008 también puede brindar algo de alivio al abarrotado sistema penitenciario en Bolivia, que está lleno de infractores de menor categoría penalizados por esta ley.
En Uruguay, la decisión sin precedentes tomada por el país para legalizar y regular la producción y la venta de marihuana deja una gran huella en la política de drogas en el país. Sin embargo, Geoffrey Ramsey, director de investigación y comunicaciones de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus iniciales en inglés) y autor del especial de InSight Crime Uruguay, Crimen Organizado y Política de Drogas, dijo a InSight Crime que es posible que las autoridades uruguayas estén más preocupadas por la inseguridad nacional que por responder a las preocupaciones derivadas de una ley nacional sobre la marihuana.
En los últimos años, ha habido un leve, pero importante incremento en las tasas de homicidios en el que tradicionalmente ha sido uno de los países más pacíficos de la región, lo que ha sido causa de preocupación pública generalizada. Según Ramsey, la respuesta a dicha preocupación puede ser la principal motivación del gobierno para las reformas.
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