El reciente intento de fuga de varios internos de una estación de policía de Medellín prende las alarmas sobre el efecto cascada que podría generar la situación de hacinamiento en las prisiones en Colombia. El problema parece desbordar la capacidad de las autoridades.
El 28 de mayo un enfrentamiento en la estación de policía de La Candelaria en Medellín, departamento de Antioquia, terminó convirtiéndose en un intento de fuga de los detenidos. Agentes policiales evitaron la huida de los presos, que habían forzado una reja que conectaba los calabozos con una vía pública.
El brigadier general Eliécer Camacho, comandante de la policía de Medellín, afirmó que en la ciudad hay 21 estaciones en situaciones similares, que no cumplen con las condiciones de sanidad o logística para alojar a casi 1.670 personas sindicadas de diferentes delitos en el área metropolitana.
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Este episodio se suma a otros ocurridos a lo largo de 2019 en cárceles y estaciones de policía en Medellín, donde el hacinamiento en que viven los internos ocasiona confrontaciones y fugas. En febrero también se había presentado un motín en la misma estación y, en el mismo mes, cuatro internos se fugaron de los calabozos de una Seccional de la Dirección de Investigación Criminal (Sijín).
En esta ocasión las autoridades reconocieron que las instalaciones no cumplían con los requisitos para asegurar la permanencia de los presos. Por la misma razón, en los calabozos del búnker de la fiscalía hubo un motín e intento de fuga por parte de varios internos a comienzos de este año.
Análisis de InSight Crime
Las condiciones de hacinamiento en las cárceles de Colombia no son desconocidas por las autoridades. La situación contribuye a que los centros penitenciarios sean incubadoras del crimen organizado, pues muchos criminales continúan manejando sus negocios desde las celdas y la corrupción del sistema es innegable.
La problemática de hacinamiento y sus consecuencias se han trasladado a los calabozos policiales. Las estaciones de policía son lugares de tránsito, donde los sindicados de cometer delitos esperan pasar a fase judicial, para después ser trasladadas a las prisiones. Los oficiales que se encuentran en las estaciones deben asumir el cuidado de los presos, para lo que no están entrenados; además, incumplen su función de vigilar la ciudadanía, lo que implica un alto costo social.
Una fuga ocurrida en marzo en la prisión de máxima seguridad de Bellavista, en Antioquia, dejó al descubierto la falta de capacidad de las autoridades para controlar la situación y mostró graves fallas en el sistema judicial, que demora los procesos de detenidos.
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Situaciones similares se repiten en varios países de América Latina como Uruguay, Ecuador, Paraguay y Brasil, donde el hacinamiento de las prisiones se ha convertido en una dificultad para las autoridades. En el caso de Colombia, particularmente en Medellín, los hechos que se han venido registrando guardan semejanzas con lo que se vive en los calabozos y cárceles de Venezuela, donde el hacinamiento también se padece en las estaciones de policía, y las autoridades se muestran incapaces de mantener el orden.
Ante la falta de capacidad en las cárceles, los sindicados de delitos van quedando relegados en las estaciones de policía o en los calabozos de las diferentes entidades, poniendo en riesgo a la población civil y a los funcionarios administrativos.
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