El gobierno de Brasil inauguró una unidad de seguridad contra la tala ilegal de madera, en un intento por atacar un lucrativo comercio criminal que ha convertido a Brasil en uno de los países más peligrosos del mundo para los activistas ambientales.
El Ministerio de Justicia de Brasil, en colaboración con el Ministerio del Medio Ambiente y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, anunciaron la creación de una nueva Compañía de Operaciones Ambientales de la Fuerza Nacional de Seguridad, que estará compuesta principalmente por miembros de la Policía Militar.
La nueva unidad de 200 hombres será desplegada en puntos estratégicos a lo largo de la ruta de contrabando de madera ilegal de la selva amazónica, con el fin de controlar y vigilar las actividades de tala ilegal. Según el Ministerio de Justicia, la unidad complementará los esfuerzos actuales de la Fuerza Nacional, la cual desde 2008 ha incautado más de 1 millón de metros cúbicos de madera, 300 motosierras y 200 tractores.
La nueva fuerza estará respaldada por una inversión de US$10 millones del Fondo de la Amazonia de Brasil —creado para enfrentar la deforestación de la selva—, que se utilizará en la adquisición del equipo necesario para operar en territorios aislados de la selva y en la financiación de operaciones destinadas a abordar la problemática de los madereros ilegales.
Análisis de InSight Crime
Según estimaciones realizadas por el gobierno, la tala ilegal representa hasta el 80 por ciento de toda la actividad de tala en Brasil, y es la principal responsable de los altos niveles de deforestación del país.
Las ganancias que esta actividad ofrece han provocado el surgimiento de una poderosa clase criminal que opera en aislados rincones de la Amazonia y que con frecuencia utiliza la violencia para silenciar informantes y activistas —una realidad que ha hecho de Brasil el país más peligroso del mundo para los ambientalistas—. Según un informe de Global Witness, ONG de derechos humanos y medio ambiente con sede en Reino Unido, entre 2002 y 2013, al menos 448 ambientalistas y activistas de los derechos sobre la tierra fueron asesinados en Brasil, la mayoría de ellos en casos relacionados con la explotación forestal. Apenas el uno por ciento de éstos terminaron en condenas.
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En los últimos años, las autoridades brasileñas han comenzado a actuar en contra de estas redes, y la creación de una unidad especializada en la lucha contra la tala es una continuación de otras acciones, como el despliegue de tropas en puntos críticos, el uso de aviones no tripulados (drones) para vigilar la deforestación y la creación de normas que buscan impedir la exportación de madera ilegal (pdf).
En conjunto, estas acciones ponen a Brasil en la delantera regional en el tema de abordar el ecotráfico, una problemática a la que los gobiernos rara vez dan prioridad. Sin embargo, la magnitud de la tarea a la que los brasileños se enfrentan es enorme: el tamaño de la selva y su mismo terreno pueden ser una pesadilla logística; además, las redes detrás de este comercio están firmemente arraigadas y a menudo tienen la protección de contactos corruptos, así como de matones armados.
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