La Corte Suprema de Brasil ha dictaminado que el gobierno debe indemnizar a los presos retenidos en condiciones de hacinamiento, una decisión que puede dar pie a una avalancha de demandas legales, pero que presenta pocas probabilidades de resolver las causas de fondo en la crisis penitenciaria del país.
El fallo se dictó en una demanda legal interpuesta por un antiguo preso, que demandó una indemnización al Estado por pagar su sentencia en una instalación con hacinamiento.
Los nueve jueces estuvieron de acuerdo en que el Estado fue responsable del perjuicio a la dignidad del demandante, en cuanto no brindó las condiciones mínimas de infraestructura, salubridad y atención en salud, informó O Globo.
Sin embargo, la corte no se puso de acuerdo en el tema de la indemnización financiera. Quienes estaban favor concedieron al preso 2.000 reales —cerca de US$645— por daños y perjuicios.
Los jueces que votaron en contra adujeron que la compensación en dinero era una solución impráctica que podría derivar en una pesada carga financiera para el Estado debido al número de casos potenciales. En lugar de eso, señalaron que la corte debía explorar alternativas, como la reducción de penas, comunicó O Globo.
Análisis de InSight Crime
Poca duda cabe sobre la validez de la demanda del exrecluso brasileño, pues el tratamiento dado a los presos en el sistema penitenciario de Brasil vulnera claramente sus derechos y las obligaciones del estado con la población carcelaria.
Sin embargo, el pago de una compensación monetaria al demandante podría equivaler a abrir una caja de Pandora de demandas legales. En Brasil, el sistema penitenciario tiene un nivel de ocupación del 157 por ciento de su capacidad, según el Instituto para la Investigación de Políticas Penales, lo que implica que la mayor parte de los más de 622.000 reclusos del país podrían tener legítimo derecho a ser indemnizados.
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La crisis en las cárceles brasileñas ha llegado a un punto crítico, con un saldo de más de 130 reclusos muertos en enero como resultado de las peleas entre pandillas por la supremacía en las instalaciones. El hacinamiento es la base de la crisis, pues con el bajo número de guardias, la toma de control por los presos se vuelve casi inevitable.
En lugar de ponerse en aprietos con indemnizaciones a los presos a los que ha incumplido, el estado breasileño debería destinar mayor tiempo y recursos para enfrentar las causas subyacentes de la sobrepoblación; la falta de inversión en infraestructura, el abuso de la detención preventiva y las leyes de seguridad de línea dura con fines populistas.
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