Las autoridades de Brasil han anunciado una nueva estrategia para reducir la tala ilegal y el tráfico de madera en la Amazonia, pero es posible que este plan enfrente serios obstáculos, dadas la magnitud y la complejidad del problema.
Según un comunicado de prensa oficial, el ministro del Medio Ambiente de Brasil, Sarney Filho, anunció el 7 de marzo el lanzamiento de un programa que permitirá rastrear todo el proceso de tala ilegal, desde la exploración y el almacenamiento, hasta el transporte y la exportación.
El programa, denominado Sistema Nacional para el Control del Origen de los Productos Forestales (SINAFLOR por sus iniciales en portugués), fue puesto en marcha la semana pasada inicialmente en el estado de Roraima, según EBC Rádio, y será obligatorio para todos los estados a partir de enero de 2018.
SINAFLOR pretende prevenir que la madera de origen ilegal ingrese al mercado legal, informó Notimex.
"Es necesario que mantengamos bajo control, reduzcamos y acabemos con la ilegalidad", dijo el Ministro Filho.
El sistema también les permitirá a las autoridades entender los efectos de la deforestación en la Amazonia, dijo Suely Araújo, presidente de la Unidad de Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente.
"Ahora tendremos la posibilidad de conocer la situación real de la deforestación", dijo. "Lo que esté por fuera de SINAFLOR será considerado ilegal. Eso es algo de lo que no disponemos actualmente".
Análisis de InSight Crime
El plan del Ministerio del Medio Ambiente para rastrear la madera a lo largo de la cadena de producción y distribución es ambicioso, teniendo en cuenta la cantidad de madera que se produce y la escasa presencia del Estado en la remota región amazónica del Brasil. La BBC estimó en 2015 que hay "miles de campamentos pequeños de tala ilegal en la Amazonia" y señaló que los intentos de las autoridades para localizarlos "es como buscar la proverbial aguja en el pajar".
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Además, no está claro si otros intentos similares en el pasado han tenido suficiente impacto en la industria de la tala ilegal. Miembros de Greenpeace Brasil han instalado dispositivos GPS en los camiones que se internan en la selva, con el fin de rastrear los movimientos de los traficantes de madera, lo cual, por lo menos en un caso, les permitió a las autoridades preparar un ataque. Las comunidades indígenas de Perú y Panamá también han considerado utilizar drones para controlar la deforestación de sus tierras.
Sin embargo, en Brasil el problema parece estar empeorando, dado que han surgido informes de enfrentamientos cada vez más violentos entre agentes del Estado y taladores. Según los informes, éstos también han empezado a utilizar tácticas de distracción, como prender fuego en grandes áreas de la selva para extraer furtivamente madera de las reservas indígenas, las cuales por ley están protegidas de la tala.
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