Una escalada de protestas ciudadanas en medio de la ampliación de las investigaciones de corrupción presionan a los líderes políticos y económicos de Brasil, aunque aún hay barreras importantes para el sometimiento de las élites brasileñas involucradas en actividades criminales.
El domingo 13 de marzo, manifestantes se tomaron las calles en varias ciudades de Brasil. Entre 500.000 y 1,4 millones de personas se unieron para protestar en São Paulo, lo que es una de las mayores manifestaciones desde la caída de la dictadura militar en la década de 1980, reportó el New York Times.
Los manifestantes expresaron su descontento por la recesión económica en Brasil, y los escándalos de corrupción en aumento que implican al gobierno y a las élites empresariales. El mayor escándalo —llamado operación "Lavado de autos"— involucró a directivos de la petrolera estatal Petrobras, quienes otorgaron contratos inflados a empresas privadas a cambio de coimas y comisiones ilegales, algunas de las cuales se blanquearon y se usaron en campañas políticas.
Muchos políticos y empresarios de la plana mayor han resultado envueltos en el escándalo. Más recientemente, el 8 de marzo, un empresario brasileño fue sentenciado a 19 años de cárcel por acusaciones relacionadas con la confabulación Lavado de Autos, y el 9 de marzo, los fiscales acusaron al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por su participación en el escándalo.
Hasta ahora, la actual presidenta Rousseff ha logrado eludir acusaciones en el caso, y un juicio político por su participación, aun cuando fue la directora de Petrobras entre 2003 y 2010, cuando al parecer ocurrieron la mayor parte de los hechos de corrupción, y también fue jefa de gabinete en el gobierno de Lula da Silva.
Las recientes protestas piden nuevamente la renuncia de Rousseff, con imágenes de la presidenta que llevan una faja alrededor de la cintura con las palabras “juicio político”.
Análisis de InSight Crime
Brasil es el último de una cadena de países latinoamericanos en los que ha quedado expuesta la corrupción en los escalones más altos. Las autoridades salvadoreñas investigan a tres expresidentes, mientras que las revelaciones de corrupción en Guatemala llevaron a protestas civiles masivas y a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y al arresto de la vicepresidenta Roxana Baldetti en 2015. Sin embargo, sigue habiendo muchas barreras para llegar los escalones más altos del poder en el caso de corrupción en Brasil.
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Se ha criticado a los fiscales brasileños por negociar con altos funcionarios, reduciendo secretamente sus sentencias de cárcel después de duras frases iniciales a cambio de implicar a otros en el escándalo de corrupción.
Además, la reciente renuncia del ministro de justicia brasileño José Eduardo Cardozo puede indicar que el partido de los trabajadores (Partido dos Trabalhadores - PT), de Rousseff está presionando a los funcionarios judiciales para que reduzcan las investigaciones; Cardozo fue objeto de intensas críticas de altos funcionarios del partido por sus vehementes investigaciones en el escándalo Lavado de Autos, y acusaciones de dar libertad de acción a la policía.
The New York Times también informó que Rousseff declaró que estaría "en extremo orgullosa" de tener al expresidente Lula da Silva en su gabinete. Una medida de ese tipo daría a Lula da Silva inmunidad contra procesos judiciales con excepción de la Corte Suprema de Brasil, lo que le permitiría evitar el arresto y retrasar un juicio.
Queda por ver si las continuas investigaciones y la gran indignación ciudadana son suficientes para contrarrestar las estrategias de la élite para eludir el sometimiento a la justicia en casos de corrupción en Brasil y para forzar el juicio político a la presidenta.
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