México está en proceso de implementar cambios históricos en su sistema de justicia penal, pero las reformas planeadas incluyen salvedades al debido proceso en casos de crimen organizado que podrían subvertir la intención de la iniciativa.
Las salvedades, esbozadas en un nuevo informe (pdf) de la Oficina en Washington para Asuntos de Latinoamérica (WOLA por sus iniciales en inglés), estipulan el uso de una controvertida medida conocida como "arraigo", que significa "espera" y es una forma de instrucción previa a la causa que permite la retención sin cargos formales de sospechosos en casos por crimen organizado hasta por 80 días.
Otras salvedades al debido proceso en casos por crimen organizado permiten la detención obligatoria previa a la causa de sospechosos de participar en crimen organizado, interceptación de sus comunicaciones privadas, y restricción de los derechos de visita y comunicación de los detenidos, según plantea el informe.
Los autores del informe de la WOLA escriben que esas salvedades "limitan o niegan gravemente las salvaguardas del nuevo sistema", dispuestas en una serie de reformas aprobadas por el legislativo en México en 2008.
La iniciativa de reforma está diseñada para pasar el sistema de justicia penal de los procesos inquisitoriales, en los que se realizan los juicios mayormente mediante expedientes escritos, a un sistema acusatorio como el de Estados Unidos, que permite testimonios orales e interrogatorios a testigos.
La implementación nacional del nuevo sistema debía completarse el 18 de junio de este año. Sin embargo, el proceso se ha topado con varios obstáculos que han retardado el avance. Según la WOLA, solo cuatro de los 31 estados de México "cumplieron todos los criterios para considerar el sistema plenamente operativo", y algunos expertos creen que podría pasar más de una década antes de la plena implementación de las reformas.
Análisis de InSight Crime
La definición amplia de "crimen organizado " contenida en la reforma se suma a las preocupaciones por las excepciones antes mencionadas a las reglas ordinarias del debido proceso. La legislación define crimen organizado como "una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada" (El texto de la reforma, junto con una traducción al inglés, aparece en este informe en pdf de Justice in Mexico).
El informe de WOLA alerta que "esta definición amplia abriga la posibilidad de ampliar la serie de casos que caen en excepciones y limitan los derechos de los acusados". Esto puede afectar algunas de las metas centrales de la iniciativa de reforma, de la que se espera que introduzca mayor transparencia a en los procesos judiciales y proteja los derechos de los acusados.
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"Dada la rareza del prevalecimiento del estado de derecho en el país", WOLA advierte, "el uso continuado de estos recursos y salvedades podría acarrear graves consecuencias y obstruir el uso de técnicas científicas y profesionales en las investigaciones penales".
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