Un día de disturbios y confusión en la prisión, que dejó como resultado la expulsión de las principales autoridades judiciales y penales de Paraguay, pudo haber sido parte de un plan de un infame preso brasileño para impedir su proceso de extradición, lo cual es una muestra del poder político que los cabecillas criminales pueden ejercer incluso estando tras las rejas.
ABC Color informó que la noche del 26 de julio, el criminal brasileño Jarvis Chimenes Pavão fue trasladado de la penitenciaría de Tacumbú a una Unidad Policial Especial, acusado de conspirar para generar motines en las prisiones de todo el país con el fin de presionar al gobierno para detener su extradición a Brasil, prevista para 2017.
La serie de eventos comenzó en la tarde del 25 de julio en Tacumbú, cuando seis presos —ayudados por dos guardias— intentaron detonar un explosivo improvisado con el fin de facilitar una masiva fuga de prisioneros. Un guardia de seguridad frustró el plan y desactivó la bomba. Ese mismo día, en la cárcel de Concepción los presos se amotinaron y retuvieron a un guardia de seguridad.
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En la mañana del 26 de julio, la Unidad Especializada de la Policía se preparaba para trasladar a Pavão de Tacumbú a sus instalaciones, por órdenes del presidente Horacio Cartes.
Pero el director de la prisión se negó a permitir el traslado de Pavão, alegando que, según una orden judicial, él debía permanecer allí, según explicó más tarde el jefe de la unidad especializada. Entonces el presidente Cartes despidió a la ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, así como a las principales autoridades de las prisiones del país, y nombró como remplazo de Bacigalupo al viceministro de Justicia, Éver Martínez, quien asoció la decisión de Cartes con la “inestabilidad” del sistema penitenciario, añadiendo que se debían implementar “medidas urgentes”.
Entre esas medidas se encontraba la de trasladar a Pavão de Tacumbú —una medida que permitió dar a conocer las lujosas condiciones que disfrutaba el convicto brasileño tras las rejas—. Su abogada afirmó que Pavão además había financiado muchas mejoras dentro de las instalaciones de la prisión.
Imágenes de la celda de Pavão, cortesía de ABC Color
Por otra parte, algunos informes de inteligencia sugieren que Pavão había planeado provocar disturbios en el sistema penitenciario del país. Pavão —quien fue detenido en diciembre de 2009— cumple actualmente una condena de ocho años de prisión en Paraguay, para luego cumplir tres condenas por narcotráfico y lavado de dinero en Brasil. Al parecer, Estados Unidos también está solicitando su extradición.
Según fuentes policiales citadas por ABC Color, él utilizó un teléfono celular para continuar traficando drogas y armas en Brasil vía la ciudad paraguaya fronteriza de Pedro Juan Caballero. Pavão fue acusado además de ordenar el asesinato del narcotraficante rival Jorge Rafaat en Pedro Juan Caballero el 15 de junio.
Análisis de InSight Crime
El caso de Pavão es un ejemplo del control que ejercen los cabecillas criminales al interior de los sistemas penitenciarios latinoamericanos, así como el poder político que buscan —y que a menudo consiguen— con el fin de obtener beneficios personales.
El preso brasileño tiene razones para oponerse a la extradición a su país de origen. Según ABC Color, el sistema de justicia brasileño confiscaría todos sus activos y Pavão se ha estado oponiendo obstinadamente al traslado por los medios legales.
Tal demostración de poder, como la de provocar disturbios en las prisiones del país, pudo haber sido utilizada como un amenazante recordatorio de la falta de control del gobierno sobre sus propias instituciones penales. De hecho, es común que los sistemas penitenciarios latinoamericanos sean dirigidos por un puñado de poderosos reclusos.
Byron Lima, apodado “El rey” de las prisiones de Guatemala, estableció sus dominios en los centros penitenciarios del país, y luego fue misteriosamente asesinado durante un motín en una prisión en julio de 2016. Se cree que él había seleccionado cuidadosamente a las autoridades de las prisiones del país y que regularmente les pedía favores a los funcionarios del gobierno.
En Venezuela, los cabecillas de las prisiones, llamados “pranes”, dirigen operaciones criminales al interior de las cárceles y también afuera, pues se cree que controlan parte de las “megabandas” del país. En El Salvador, durante mucho tiempo las violentas pandillas han sido dirigidas por cabecillas encarcelados, conocidos como la “ranfla”.
Pavão tampoco sería el primer cabecilla criminal que utiliza su aparato de poder para intentar evitar su extradición.
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En las décadas de los ochenta y los noventa, el famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar libró una sangrienta batalla contra el Estado cuando el gobierno amenazó con extraditarlo a él y a otros miembros del Cartel de Medellín a Estados Unidos. Hasta cierto punto lo logró, pues en 1991 convenció al Congreso de que prohibiera la extradición y negoció su encarcelamiento en una lujosa “prisión” que él mismo había construido para ese propósito. Finalmente escapó por la puerta de su prisión especial, y meses más tarde fue abatido por las fuerzas de seguridad.
Por otro lado, la abogada de Pavão señaló que las autoridades han centrado la atención en él para desviar la atención de su falta de control sobre el sistema penitenciario. La abogada de Pavão, Laura Casuso, le dijo a Red Guaraní TV que su traslado había sido una medida sorprendente e injustificada, que tenía motivos políticos. Dijo que las autoridades querían desviar la atención de la frustrada fuga en Tacumbú —por la cual, según ella, Pavão no estaba ni siquiera siendo investigado—.
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