El gobierno de Argentina ha tenido un cambio radical de postura con respecto a la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, pues inicialmente sugirió que su muerte se trataba de un suicidio y luego se refirió a esta como parte de un plan para desestabilizar al gobierno.
Cuando el cuerpo de Nisman fue encontrado en su apartamento el 18 de enero —un día antes de presentar su testimonio sobre el supuesto papel de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el encubrimiento de la participación del gobierno de Irán en los atentados contra un centro comunitario judío en Buenos Aires en 1994— la presidenta aseguró inicialmente que se trataba de un suicidio. Luego, el 22 de enero, Kirchner publicó una carta en su blog, expresando que estaba “convencida” de que Nisman no se había quitado la vida de forma voluntaria, sino que había sido víctima de un plan diseñado para desestabilizar su gobierno.
La respuesta de Kirchner vino luego de que se presentaran varias protestas en Buenos Aires y en todo el país, lo cual es evidencia de las grandes dudas que existen sobre la versión oficial de la muerte de Nisman. El cerrajero contratado para abrir el apartamento de Nisman señaló que la puerta de servicio se encontraba sin seguro, por lo que cualquier persona pudo haber entrado, informó EFE. Los investigadores también identificaron huellas digitales y de pisadas en un pasadizo que conecta una tercera entrada de la casa de Nisman con un apartamento vecino.
Análisis de InSight Crime
El cambio radical en la postura de Kirchner indica que la presidenta está haciendo un esfuerzo desesperado para controlar el daño político causado por un caso que se ha convertido en un tema candente tanto dentro como fuera del país. La afirmación inicial de Kirchner de que la muerte se trataba de un suicidio desató una serie de teorías de conspiración y levantó sospechas sobre un gobierno ya envuelto en muchos escándalos. El caso Nisman ha amenazado con desestabilizar la administración de Kirchner en su último año en la Casa Rosada.
En México, intentos similares de desviar la atención sobre eventos trágicos han resultado contraproducentes para el gobierno federal. La respuesta estatal sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, sumado a un escepticismo generalizado sobre la versión oficial de los hechos, han llevado a protestas masivas, e incluso algunos ciudadanos mexicanos han exigido la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto en las redes sociales.
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En un evento reciente sobre seguridad ciudadana en México, que tuvo lugar en el Wilson Center en Washington DC, Ariel Moutsatsos, Ministro para Prensa y Asuntos Públicos en la Embajada de México en Estados Unidos, reconoció que el caso Iguala había afectado notoriamente la percepción ciudadana del gobierno de Peña Nieto. “¿Cómo pasamos de haber identificado y capturado a la persona presuntamente responsable de perpetrar y dar la orden de cometer esto [el ataque], a simplemente distraer la atención pública y culpar al gobierno federal?” preguntó.
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