Las autoridades ecuatorianas capturaron a un hombre acusado de desempeñarse como jefe financiero de la guerrilla de las FARC y como cabecilla de un grupo narcoparamilitar, lo cual ha puesto de relieve la línea cada vez más borrosa entre los grupos criminales y los insurgentes.
El 20 de julio, las autoridades ecuatorianas anunciaron la captura de Diego Mauricio Mejía Rojas, presunto jefe financiero del Frente 48 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informó El Universo. El Frente 48 opera a lo largo de la frontera sur de Colombia con Ecuador.
La policía colombiana identificó a Mejía como un contacto clave entre las FARC y La Constru, una banda local conformada por antiguos paramilitares convertidos en criminales. Se cree que La Constru hacía parte de la red criminal de Los Rastrojos, pero que durante los últimos años forjó lo que las fuerzas de seguridad denominan “una terrible alianza” con las FARC.
La policía señaló que las FARC, a través de Mejía, colaboraron con La Constru en el tráfico de drogas y armas. W Radio informó que el grupo guerrillero también habría contratado a La Constru para perpetrar asesinatos, ataques a la infraestructura petrolera e incluso atentados con bombas a estaciones de la policía.
Sin embargo, algunos informes publicados tras su arresto identifican a Mejía no como el contacto de las FARC con La Constru sino como el líder de la banda, cargo al que habría ascendido en enero, luego de la captura del jefe de la organización.
Análisis de Insight Crime
La confusión que parece existir sobre el papel exacto de Mejía en La Constru y en las FARC ilustra la línea cada vez más difusa entre la guerrilla y las redes criminales con las cuales ha formado alianzas.
Estas alianzas generalmente comienzan como acuerdos para el tráfico de armas y drogas (en el suroeste de Colombia, las FARC han tenido una alianza con Los Rastrojos al menos desde 2012).
Sin embargo, en algunas zonas del país estos pactos parecen haber evolucionado y las FARC ahora contratan grupos criminales para realizar asesinatos, manejar redes de extorsión y, como aparentemente sucedió en Putumayo, realizar actividades asociadas con su lucha guerrillera contra el Estado, como ataques contra la infraestructura y las fuerzas de seguridad.
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Estas alianzas podrían convertirse en uno de los principales retos en materia de seguridad para Colombia, en caso de que las negociaciones de paz en La Habana con los líderes de las FARC resulten exitosas. En un escenario de posconflicto, las redes criminales —como La Constru—, dispuestas a llenar los vacíos dejados por sus antiguos aliados, podrían verse reforzadas por facciones desertoras de las FARC.
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