Captura sugiere que crimen organizado infiltró el Congreso de Colombia

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Un reciente escándalo que involucra grandes sumas de dinero en efectivo vinculado a figuras criminales sugiere que la influencia corruptora de las llamadas Bacrim en Colombia puede haber inflitrado al Congreso del país.

El 5 de abril, las autoridades colombianas anunciaron que un vehículo oficial del Senado había sido detenido en Bogotá cargado con 614 millones de pesos, o aproximadamente US$201.000, informó El Tiempo.

El conductor del vehículo era Luis Javier Rojas Morera, hijo de Magdalena Morera, quien es directora de presupuesto y finanzas del Senado colombiano. Los archivos indican que Rojas Morera comenzó a trabajar para Alexander García Rodríguez, un representante del Congreso por el departamento de Guaviare, en julio de 2015.

En el momento de su arresto, Rojas Morera no pudo dar una explicación sobre el origen del dinero y al parecer ofreció un soborno de unos US$32.000 para que lo dejaran en libertad.

El arresto, llevado a cabo por miembros del ejército y la unidad de investigación de la Fiscalía General, o CTI (Cuerpo Técnico de Investigación), fue el resultado de un trabajo de inteligencia de Estados Unidos.

Según El Tiempo, un informante que trabaja para la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) dijo que US$3,2 millones estaban siendo trasladados a Bogotá en un carro que provenía de la región de los Llanos Orientales colombianos.

El informante dijo que Los Puntilleros —una organización criminal emergente encabezada por el narcotraficante Mauricio Pachón, alias “Puntilla”, que fue capturado en febrero— eran quienes habían enviado el dinero.

Se cree que el dinero incautado iba dirigido a una red de lavado de capitales que opera en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. La Fiscalía General de Colombia cree que los miembros de esta organización contactaron a Rojas Morera para transportar el dinero, creyendo que la documentación oficial del vehículo impediría que el mismo fuera detenido y requisado.

El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, dijo sin embargo que el automóvil ya no era propiedad del Senado, pues en 2014 había sido vendido en una subasta a la empresa Comercializadora Naves Limitada.

Investigaciones posteriores revelaron que cerca de 80 vehículos del Congreso que han sido vendidos en subastas han conservado sus placas y registros oficiales.

Análisis de InSight Crime

El caso de Rojas Morera plantea varias posibilidades preocupantes. La principal es que las bandas criminales de Colombia, conocidas como Bacrim, hayan penetrado en la rama legislativa del país. La policía dice que Los Puntilleros envían drogas desde el departamento de Guaviare a Cartagena y Puerto Cabello, en Venezuela, desde donde son enviadas a Estados Unidos y Europa.

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El presunto líder de Los Puntilleros, Mauricio Pachón, se considera heredero de Daniel “El Loco” Barrera, quien construyó un imperio de droga en los Llanos Orientales y en otras regiones. Debido al tamaño de las operaciones de su organización, es posible que Pachón haya acumulado suficiente poder como para corromper no sólo a los políticos locales sino también a los políticos del nivel nacional que viven en la región.

Este caso también llama la atención por la posibilidad de que los recursos del gobierno caigan en las manos equivocadas.

Como parte de su trabajo como directora de finanzas, Magdalena Morera habría supervisado la transferencia de activos del Senado —por ejemplo los carros usados— a empresas como Comercializadora Naves Limitada. Es bastante sospechoso que el vehículo en cuestión haya llegado a estar en posesión de su hijo.

En efecto, el hecho de que muchos vehículos que antes pertenecían al gobierno hayan podido conservar su documentación oficial, convirtiéndose en valiosos bienes para los grupos criminales que buscan transportar mercancías de contrabando sin ser molestados, sugiere un cierto nivel de corrupción o incompetencia entre los representantes del Congreso.

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