El número de prisioneros en Argentina condenados por delitos relacionados con drogas se ha más que duplicado en una década, un indicador del creciente papel del país en el narcotráfico y del riesgo de futuro hacinamiento en las prisiones.
La población carcelaria sentenciada bajo la “Ley 23.737”, la ley de drogas de Argentina, aumentó de 3.271 en 2002 a 6.979 en 2013, el equivalente a un crecimiento del 113 por ciento, informó Clarín. En comparación, la población carcelaria total de Argentina se incrementó en un 39 por ciento en el mismo periodo.
Estas cifras fueron publicadas por la ONG Intercambios, que se especializa en políticas de drogas. Alejandro Corda, abogado y miembro de la ONG que analizó la información oficial que arrojó esta preocupante cifra, señaló que los delincuentes por drogas ahora representan actualmente el tercer mayor grupo de reos, después de los sentenciados por robo o intento de robo y por homicidio doloso.
De acuerdo con Corda, ello se puede explicar por una reforma legislativa del año 2005, conocida como “desfederalización”, que les dio competencia a las unidades judiciales y policiales provinciales sobre delitos menores relacionados con drogas, mientras que el narcotráfico continuó siendo un delito federal dependiente de la jurisdicción federal. Como resultado, mientras que la población carcelaria de las prisiones federales creció 28 por ciento, la población de las prisiones de la provincia de Buenos Aires acusada de delitos de drogas creció exponencialmente en un 4.576 por ciento, pasando de 8 prisioneros en 2002 a 2.432 en 2013.
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Dado que los infractores menores conforman la mayor parte de los prisioneros sentenciados por delitos de drogas, el abogado argumenta que la reforma legal del 2005 ha sido prácticamente ineficaz en cuanto al crimen organizado. Sin embargo, señala que la política genera un impacto social negativo, ya que la mayoría de estos acusados son jóvenes sin educación que carecen de una estructura familiar sólida.
Análisis de InSight Crime
Si bien el impacto de la reforma de desfederalización del 2005 en materia de crecimiento de población carcelaria representa un impacto de iguales proporciones sobre el tráfico de drogas en el país, las cifras parecen ofrecer nuevas evidencias acerca del creciente papel de Argentina en el narcotráfico. El aumento de la inseguridad, en términos reales y de percepción, ha llevado al presidente Mauricio Macri a adoptar una postura dura en contra de las drogas desde su campaña en 2015 y desde que comenzó su administración.
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Si bien un fuerte aparato legal es crucial para cualquier política antidrogas y de seguridad, la amplia e institucionalizada estrategia de ir tras los delincuentes de bajo nivel puede resultar contraproducente. No solo consume considerablemente los recursos humanos y financieros que podrían utilizarse para desmantelar componentes claves de las estructuras criminales, sino que además allana el camino para un sistema penitenciario sobrepoblado, incontrolado y con un alto índice de criminalidad.
En la región abundan los ejemplos de países donde la situación se ha vuelto desastrosa, desde las prisiones controladas por las pandillas en El Salvador, que operan a un 325 por ciento más de su capacidad instalada, a la toma de rehenes en las prisiones de Venezuela. Argentina todavía tiene uno de los sistemas penitenciarios con menores índices de sobrepoblación en Latinoamérica, con una tasa de ocupación del 103 por ciento. Pero el análisis que presenta Intercambios indica que el país se estaría dirigiendo hacia un hacinamiento extremo en las prisiones como el que ya se ha presentado en otras partes de la región.
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