Las autoridades de Colombia han desarticulado un "cartel de jueces" que aceptó sobornos de grandes criminales a cambio de penas menos severas; un caso que resalta el impacto corrosivo del crimen organizado y la corrupción en las instituciones judiciales de la región.
La operación sucedió luego de una investigación realizada por la policía judicial de Colombia (Dijin), a los asuntos en el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá, y llevó a la detención de 11 funcionarios judiciales, entre ellos dos jueces, informó El Universal.
Hay versiones contradictorias de cómo la red quedó al descubierto y cómo funcionaba. Fuentes dijeron a El Espectador que los funcionarios se dieron cuenta de la práctica por primera vez luego de que un criminal extraditado llamara la atención de las autoridades estadounidenses sobre este problema, quienes informaron a sus contrapartes colombianas. Según el diario, la investigación se ha estuvo dando durante un año y se encontró que los funcionarios cobraban a los criminales entre US$1.000 y US$1.600 para que actuaran a su favor.
No obstante, según El Tiempo, el grupo cobraba hasta US$27.000 y fue descubierto luego de que el grupo se acercara a un funcionario de la corte encargado de supervisar el sistema aleatorio usado para asignarles casos a los jueces. Después de que le ofrecieran dinero para enviar ciertos casos a ciertos jueces, el funcionario denunció la estafa y pasó a la clandestinidad para exponer al grupo.
Análisis de InSight Crime
Este "cartel de jueces", resalta la corrupción judicial arraigada en muchos países de Latinoamérica, la cual también que alimenta la impunidad. En México, Guatemala, El Salvador y Bolivia, han aparecido ejemplos de este tipo de corrupción en los últimos años, mientras que un informe de México a principios de 2012 encontró que la reforma judicial en el país ha fracasado en abordar eficazmente la corrupción. Las irregularidades en los procesos judiciales también hicieron parte de la agenda recientemente en México, luego de la polémica liberación del capo Rafael Caro Quintero.
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Corromper el poder judicial es sólo una forma en la que el crimen organizado ha logrado subvertir el sistema judicial, siendo otro obstáculo para la justicia, la infiltración de los servicios de seguridad. En 2011, fue descubierta la corrupción endémica en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, el cual ofrecía borrar los antecedentes penales por una suma de dinero, además de vender datos personales de los agentes encubiertos e informantes de las organizaciones narcotraficantes. El DAS fue posteriormente cerrado como resultado de una serie de escándalos.
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