Un informe atribuye a la falta de control gubernamental la extensión de las operaciones ilegales de cambio de divisas en Uruguay a lo largo de la frontera con Brasi, pero la causa sería la dependencia del país de una vasta economía informal.
Rivera, ciudad uruguaya aledaña a la ciudad de Santana do Livramento, en Brasil, se ha convertido en un centro de actividades para las operaciones ilegales de cambio de divisas, informó El Observador.
Según el medio de noticias, el flujo diario de miles de personas y la ausencia de controles del gobierno permiten la proliferación de casas de cambio de moneda no registradas en la ciudad fronteriza.
Aunque el gobierno puede multar a personas naturales con sumas cercanas a los 750.000 pesos uruguayos (alrededor de US$26.000) por infringir las regulaciones de cambio de divisas fijadas por el Banco Central de Uruguay (BCU), solo hay cinco investigadores en el BCU dedicados a la supervisión de este sector.
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Un propietario anónimo de un punto legal de cambio se quejó de la "competencia desleal" en Rivera. El emprendedor relató a El Observador que, en una visita en 2011, les advirtió a los funcionarios del BCU sobre las casas de cambio ilegales. Le recomendaron que interpusiera una denuncia oficial, un proceso complicado que el empresario se negó a adelantar por temor a represalias.
Según Daniel Espinosa, el secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Uruguay, muchas estructuras de lavado de activos involucran estas casas de cambio de divisas.
En abril de 2017, las autoridades arrestaron a nueve personas en Rivera por dirigir un esquema de contrabando de cuero y lana. Los dos cabecillas eran dueños de casas de cambio ilegales por medio de las cuales blanqueaban las ganancias.
Análisis de InSight Crime
Las casas de cambio son comunes por dos razones: responden a una necesidad y no hay reguladores suficientes.
Las zonas fronterizas no solo albergan a grandes lavadores de dinero, sino también a pequeños comerciantes y contrabandistas corrientes que no desean hacer uso de bancos o no pueden acceder a ellos. Estas casas de cambio les ayudan a su supervivencia. De hecho, en promedio cerca de 25 por ciento de los trabajadores en Uruguay participan en actividades no reguladas, según El País. En Rivera, este número podría estar por encima de 40 por ciento, dice El País.
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El mínimo equipo de reguladores del gobierno hace que esto sea una elección fácil. Las operaciones de cambio de moneda han servido por largo tiempo para lavar ganancias del crimen en toda Latinoamérica, algunas veces por sumas que ascienden a los miles de millones de dólares. Y Uruguay ha sostenido una guerra de larga data contra el lavado internacional de activos. Pero el gobierno aún tiene que abordar el problema con un despliegue real de recursos o personal regulatorios, o con la implementación de programas sociales y económicos que debiliten el mercado informal.
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