La corrupción policial y su participación en actividades criminales sigue siendo un factor común en Perú, una dinámica que podría contribuir al incremento de las percepciones de inseguridad entre los ciudadanos peruanos.
El jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Vicente Romero, recientemente confirmó que se han interpuesto 997 quejas contra agentes de policía en 2016 y que 1.218 policías fueron acusados de crímenes en 2015, informó El Comercio.
El anuncio de Romero se da justo después de varias operaciones en las que se capturaron a unos 218 presuntos criminales de diversas organizaciones, entre los que se contaban casi 50 miembros de la policía.
El capturado de más alto rango en la PNP es el mayor Julio Samuel Mattos Vela, el jefe de una unidad especial de policía conocida como Terna en la región Madre de Dios. El oficial habría participado en ataques a negocios locales y en un asalto a un banco en abril de 2015, donde los criminales habrían huido con más de US$ 1.1 millones.
El general Romero añadió que la captura de los policías acusados de crímenes era una de las principales prioridades de su institución.
“Un efectivo que comete un delito automáticamente deja de ser policía,” dijo.
Análisis de InSight Crime
Los recientes arrestos son difícilmente el primer indicio de que la criminalidad en la policía peruana es generalizada. A principios de este año, alrededor de 100 miembros de la PNP fueron investigados por su presunta participación en las ejecuciones extrajudiciales de por lo menos 20 civiles, a pesar de que una investigación del gobierno luego concluyó que solamente nueve oficiales habían estado involucrados en las ejecuciones. En otras ocasiones también se ha acusado a la policía de robar cargamentos de droga, y en 2014 se suspendió a unos 200 oficiales por presuntos vínculos con una importante organización criminal.
Acusaciones como estas llaman la atención sobre las deficiencias de las anteriores iniciativas de reforma policial y dan peso a argumentos que dicen que el gobierno debería hacer más para decretar medidas que mejoren la rendición de cuentas entre los miembros de la policía acusados de mal comportamiento.
Revelaciones sobre la participación de la policía en actividades criminales también podrían contribuir a una percepción ampliamente difundida —y tal vez exagerada—de inseguridad entre la población peruana.
A pesar de que el país tuvo una tasa de homicidios relativamente baja, de siete por cada 100.000 habitantes en 2015, de acuerdo con la mayoría de las estimaciones, la mayoría de los ciudadanos peruanos se sienten inseguros. A principios del año, el ministro del interior Carlos Basombrío afirmó que el 90 por ciento de los ciudadanos no se sienten seguros, y una encuesta del Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica (LAPOP, por sus iniciales en inglés) de la Universidad de Vanderbilt mostró en 2014 que el 56,6 por ciento de los peruanos encuestados declararon sentirse inseguros. En contraste, menos del 40 por ciento de los entrevistados hondureños de la encuesta de LAPOP se sentían inseguros, a pesar de que el país centroamericano fue uno de los más violentos de la región en ese año.
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En 2015, Latinobarómetro, una encuesta anual de opinión pública en Latinoamérica concluyó que el 67,5 de los peruanos tenía poca o nula confianza en la policía. (En contraste con el 62,4 por ciento de los hondureños que dijeron lo mismo sobre su policía.) Latinobarómetro también encontró que 68,4 por ciento de los peruanos cree que el estado da poca o ninguna garantía de protección contra el crimen.
En una señal de la pérdida de confianza de la población hacia la capacidad del estado para proteger a sus ciudadanos de la violencia criminal, Perú ha visto un incremento en linchamientos de presuntos criminales. El movimiento de autodefensa ha encontrado amplio apoyo entre la población, que incluso dio lugar a un movimiento en las redes sociales llamado #ChapaTuChoro (atrapa a tu ladrón).
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