Cerca de 750 soldados fueron reportados muertos en servicio desde que México lanzó su “guerra antinarcóticos” en 2006. Una mirada en detalle a las cifras muestra una sobrecogedora imagen de la violencia en el país, con las muertes de miles de civiles y la inefectividad de las estrategias militarizadas.
Una lista publicada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incluye los nombres de 543 miembros del Ejército y la Fuerza Aérea muertos en el ejercicio del deber desde 2006. El Economista documentó además casos de miembros de la marina que murieron en operativos antinarcóticos durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012), y el sitio local Defensa registró otros 152 caídos durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
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La gran mayoría de las muertes (70 por ciento) fueron de soldados rasos, según un completo análisis de las cifras publicado por Vice.
Encabezando la lista de estados con la mayoría de muertes del ejército está Tamaulipas (131) en la frontera México-Estados Unidos, tristemente célebre por los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y organizaciones criminales, en especial Los Zetas.
Sigue en la lista Sinaloa (67), lugar de uno de los carteles narcotraficantes más poderosos de México, y siguen Michoacán (57) y Guerrero (55), donde se encuentran los cultivos de amapola del país.
La mayoría de las muertes fueron causadas por armas de fuego, en episodios como accidentes automovilísticos y accidentes aéreos también arriba en la lista.
Según la lista de la Sedena, 2010 fue el año más violento para el personal castrense desde 2006, con 89 muertes. 2018 tuvo el mayor número de bajas militares, con 11 registradas.
Las muertes de civiles a manos de las organizaciones criminales también se han disparado desde 2006.
El organismo defensor de derechos ciudadanos Semáforo Delictivo, organización sin ánimo de lucro que documenta los homicidios conectados con el crimen organizado, registró un récord de 22.365 casos solo en 2018, 20 por ciento por encima de 2017.
Análisis de InSight Crime
El número de efectivos militares muertos en la lucha contra las organizaciones criminales no debería sorprender.
Los estados que el documento de la Sedena destaca como los que tienen el mayor número de muertes coinciden con aquellos en los que el crimen organizado ha sido más fuerte en los últimos 13 años.
El hecho de que en 2018 hubiera habido una drástica reducción en comparación con 2010, cuando pasó de 89 a 11 muertes, es una noticia positiva. Sin embargo, el hecho de que los mismos estados parezcan ser los más afectados (Tamaulipas, Guerrero y Sinaloa) significa que aún hay mucho por hacer.
Además, los miembros de las fuerzas de seguridad llevan tiempo quejándose del impacto mortal de la falta de recursos en sus fuerzas, y los expertos han dicho que combatir organizaciones criminales no es algo para lo que se les haya entrenado.
Además, las cifras, por trágicas que sean, solo cuentan la mitad de la historia.
Desde que en 2006 el presidente Felipe Calderón decidió adoptar una estrategia más agresiva para combatir el problema muy real de los narcóticos y la violencia en México con mayor violencia, miles de civiles han caído en el fuego cruzado, y muchos han caído víctimas de abusos y ejecuciones a manos de las fuerzas de seguridad y de los grupos criminales por igual.
Según la Comisión Mexicana Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), casi 1.070 personas han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad, incluyendo asesinatos, tortura y desapariciones desde 2006. Esta balance se basa en informes hechos para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y es probablemente un estimativo muy conservador.
En respuesta a las críticas a la estrategia militarizada respecto a la seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de una Guardia Nacional compuesta de 60.000 miembros.
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Pero como lo informó InSight Crime, el nuevo ejército, que ya ha sido aprobado por los 32 estados, es apenas una desviación de la estrategia anterior.
Aunque operará bajo la jurisdicción de la Secretaría civil de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, estará, al menos en un inicio, conformado por expolicías y exsoldados. Esto ha generado muchos interrogantes sobre la efectividad de la nueva fuerza.
Entretanto, México sigue incapacitado por la violencia, afectando a civiles y militares y nadie parece saber realmente cómo detenerla.
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