Solo el 3 por ciento de los delitos en Guatemala se castigan, según el director del organismo internacional contra la corrupción de ese país, una estadística que sirve para recordar la importancia de implementar reformas estructurales para fortalecer el Estado de derecho en el país.
En una conferencia de prensa celebrada el 3 de abril, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, declaró que más del 97 por ciento de los delitos que se cometen en el país no reciben una pena, según Prensa Libre.
Velásquez atribuyó la impunidad generalizada a la existencia de redes ilegales incrustadas que buscan cooptar las entidades públicas.
"Ese gigante herido, esa macroestructura criminal, se resiste a desaparecer", señaló Velásquez. "Se trata de algo más profundo que pretende mantener el aparato estatal como herramienta para unos pocos".
El director de la CICIG recalcó la necesidad de apoyo de la comisión al Ministerio Público del país en la lucha contra el crimen. Pero el sistema judicial en Guatemala siempre ha tenido recursos limitados, y el Ministerio Público solo tiene presencia en 34 de los 340 municipios del país, puntualizó Velásquez.
"Todo [en Guatemala] se pensó para que la justicia no funcionara", comentó.
Análisis de InSight Crime
Los pasmosos niveles de impunidad que describe el jefe de la CICIG son una muestra de que pese a los numerosos casos de alto perfil abiertos por el Ministerio Público con ayuda de la comisión, avalada a su vez por la comunidad internacional, el sistema judicial guatemalteco en conjunto sigue adoleciendo de deficiencias importantes.
Creada en 2007 como apéndice del Ministerio Público, con respaldo de las Naciones Unidas, la CICIG ha demostrado ser fundamental para poner al descubierto y procesar judicialmente las poderosas redes de élites corruptas en el país. El ejemplo más notorio de esto se dio en 2015, cuando el Ministerio Público y la CICIG destaparon una enorme red de corrupción en la que estaban implicados el entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidente Roxana Baldetti, ambos en prisión actualmente.
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Los logros de la CICIG desataron llamados a crear mecanismos similares en otros países de Centroamérica, que tenían problemas con corrupción de alto nivel, en particular El Salvador y Honduras. Sin embargo, el hecho de que casi todos los delitos en Guatemala queden sin castigo es un crudo recordatorio de todo el trabajo que hay por hacer.
El mismo Velásquez lo ha dicho anteriormente.
"Para que Guatemala alcance los niveles promedio de América, habría que esperar diez años. Veinte años para que alcance los niveles de Asia y del mundo, y cincuenta años para que llegue a los niveles de Europa", estimó en una conferencia de prensa en noviembre de 2015, mientras pedía mayor inversión en el sistema judicial para ayudar a frenar la criminalidad en el país.
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