Funcionarios venezolanos investigan la presunta desaparición de 28 mineros, después de que salieran a la luz informes de que fueron masacrados en una confrontación por una venta de oro.
El 6 de marzo, el fiscal general de Venezuela envió a dos investigadores al sitio de la presunta masacre, ocurrida en el municipio de Sifontes, en el estado sureño de Bolívar, según una nota de la BBC.
Los 28 mineros desaparecieron el 4 de marzo, y sus familiares informan que no volvieron a casa desde que salieron a trabajar en una mina artesanal de oro cerca de la población de Tumeremo.
Los testigos afirman que una banda criminal dirigida por un colombiano conocido como Hendry Norberto Bonalde, alias "El Topo" —arrestado en mayo de 2015— mató a los 28 para hacerse al control de una veta de oro recién descubierta.
Según un informe aparte de la BBC, algunos lugareños dicen que depositaron los cuerpos en la mina, mientras que otros afirman que fueron desmembrados y tirados en tierra de propiedad del cabecilla de la banda.
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Francisco Rangel, gobernador del estado de Bolívar y miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), desestimó los informes calificándolos de "rumores". Él aseguró que los soldados enviados a la escena no hallaron evidencia que apoyara las denuncias de una masacre, y culpó de las denuncias a "políticos irresponsables" que quieren atizar el malestar.
Sin embargo, Carlos Chancellor, alcalde del municipio de Sifontes, calificó de "ilógico" e "irracional" que Rangel afirmara que nada había ocurrido. "El hecho de que no hayan aparecido los cadáveres no significa que no haya pasado nada", declaró a Reuters.
Según El País, la minería artesanal de oro es una actividad económica clave en esta región de Venezuela, y se sabe que también atrae a trabajadores extranjeros. Según se dice, no son raras las confrontaciones armadas por vetas de oro.
La Asamblea Nacional de Venezuela debe reunirse el 8 de marzo a discutir la desaparición de los mineros.
Análisis de InSight Crime
Por las contradicciones de los informes y las investigaciones que se adelantan sobre las desapariciones sin confirmar, es difícil asegurar los posibles motivos del crimen y sus perpetradores. Sin embargo, hay varias posibilidades.
Una de ellas es que la nacionalidad colombiana de El Topo podría motivar especulaciones sobre la relación entre los grupos criminales colombianos y el negocio de la minería artesanal en Venezuela. Aunque los grupos criminales colombianos operan a lo largo de la frontera entre Venezuela y Colombia, parece improbable que penetraran tanto en el interior de Venezuela. Esto se deben en parte a la presencia de grupos insurgentes colombianos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los estados venezolanos de Amazonas y Apure, que efectivamente constituyen un tapón entre Colombia y el estado de Bolívar.
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Sin duda, Marcos Tarre Briceño, analista de seguridad venezolano y coautor de "Estado Delincuente", declaró a InSight Crime que era más probable que las desapariciones estuvieran asociadas al fenómeno de las “megapandillas” en Venezuela.
La banda criminal de El Topo es una de las cuatro que operan en Bolívar, y los rumores indican que opera en complicidad con funcionarios regionales y miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas CICPC). Varios testigos denunciaron que el SEBIN y el CICPC estuvieron implicados en la desaparición de los mineros.
La desaparición ocurrió poco después de que el presidente venezolano Nicolás Maduro creara el "Arco Minero del Orinoco", que busca desmontar las redes ilegales de minería e imponer mayor control gubernamental en el estado de Bolívar que permita compensar las pérdidas de ingresos del petróleo.
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